Los recortes presupuestarios paralizan los derechos de los dependientes

Los recortes anunciados para el sistema de ayudas a la dependencia son de tal magnitud que los expertos dan la ley que sostiene ese sistema de ayuda pública por derogada. Ninguna partida ha quedado sin tocar. En total, el Gobierno del PP ha remitido a Bruselas unas previsiones presupuestarias hasta 2014 que prevén 3.024 millones de euros de recorte.

Conocidos los Presupuestos Generales del Estado de 2012, se supo que había caído por completo uno de los niveles de financiación de la ley, el llamado nivel acordado: por esa vía se han perdido 283 millones que iban directamente para las Comunidades y que se destinaban, en la práctica, a sufragar las ayudas que reciben los dependientes. El último decreto de Rajoy supuso otro tijeretazo, esta vez en el nivel básico de la financiación. Las cuantías que el Gobierno destina por cada dependiente que se registra en el sistema, en función de su gravedad, se han reducido un 13%. Eso supone 87 millones de recorte para lo que resta de año.

El Gobierno ha decretado también una reducción de un 15% como mínimo de las pagas que reciben los familiares que cuidan a ancianos, lo que se traduce en un ahorro de unos 289 millones al año. Además, el Ejecutivo ya no pagará la cotización a la Seguridad Social de estos cuidadores, en su mayoría mujeres (330 millones de euros de ahorro al año).

La medida que más ahorro puede traer en dependencia, pero también la que puede dejar el sistema parado por completo, es la ampliación a dos años del plazo que tienen las Comunidades para resolver los trámites y conceder una ayuda. Hasta ahora tenían seis meses y, si pasaban de ese periodo, contraían una deuda con los solicitantes que debían abonar con efecto retroactivo. Ahora tendrán dos años para empezar a atender a los dependientes sin que corra el cuentakilómetros de la deuda. Con eso se prevé ahorrar 96 millones al año.

En dos años, miles de ancianos morirán sin haber recibido su ayuda y sin que se les deba nada a los familiares. Solo este año, la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes ha calculado que unas 148.000 personas de las 259.000 que integran la lista de espera no recibirán su paga, por tanto el ahorro será de unos 193 millones de euros en retroactividad. Ahorran retroactividad y también en ayudas que nunca se darán: teniendo en cuenta que las bajas que se están produciendo apenas se cubren, el sistema corre grave riesgo de parálisis total.