El Gobierno ha aprobado el proyecto de ley de modificación del Código Penal, que endurece las penas de cárcel y sanciones para los defraudadores a la Seguridad, Social, en materia de Empleo y evasión fiscal. El texto aprobado por el Ejecutivo de Rajoy eleva hasta los seis años de cárcel la pena máxima para los que cometan un fraude fiscal de más de 600.000 euros o cuando se lleve a cabo a través de organizaciones criminales, tramas empresariales o testaferros. Para ello se crea un nuevo tipo de delito agravado con una pena de dos a seis años de prisión, frente al límite uno a cinco años de cárcel vigente hasta la fecha.

El texto de reforma del Código Penal ha sido elaborado por el Ministerio de Justicia en colaboración con los de Hacienda y Empleo.El Gobierno da traslado así al proyecto de Ley de lucha contra el fraude presentado el pasado mayo en el propio Consejo de Ministros.

El plazo de prescripción se eleva también de cinco a diez años para los restantes supuestos de delito fiscal. Durante la conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha manifestado que esta modificación persigue actuar con "más contundencia" contra este tipo de delitos.

Sáez de Santamaría ha señalado que el proyecto de ley contempla que cuando se descubre en una inspección tributaria la existencia de un posible delito fiscal, para evitar que el supuesto defraudador se desprenda de todas sus posesiones, se comenzará a realizar el cobro desde el primer momento en lugar de esperar al momento de la sentencia, salvo que el juez decida otra cosa.

Esta modificación también se aplicará a los casos de fraude en el cobro de subvenciones o prestaciones. Por otro lado, el Gobierno también espera dar una "respuesta tajante" a las tramas de fraude en el IVA. En este caso, no será necesario esperar al transcurso del año cuando se defraude más de 120.000 euros. Así, se podrá proceder a la denuncia inmediata en lugar de tener que esperar al fin del año natural para poder denunciar el hecho como delito fiscal.

El proyecto de Ley incluye asimismo una serie de mejoras técnicas destinadas a favorecer la regularización voluntaria del contribuyente y aumentar la recaudación. Entre ellas figura un atenuante --rebaja importante de la pena-- por reparación del prejuicio económico causado a la Hacienda Pública. Se aplicará en los casos de regularización dentro de los dos primeros meses tras haber recibido una citación judicial y en los casos en que el contribuyente colabore en la identificación de otros sujetos responsables.