Lobo atacará el conflicto agrario como un "problema de seguridad nacional"
El Bajo Aguán, en el departamento caribeño de Colón, es escenario de un conflicto entre campesinos y terratenientes que en los últimos dos años y medio ha cobrado la vida de más de medio centenar de personas, en su mayoría labriegos, según datos del Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras.
"Un campesino no tiene nada que andar haciendo con un AK-47", declaró Lobo en rueda de prensa, y agregó que como el problema cuando aparecen grupos armados ya no es de tierras, entonces "será atacado como corresponde, como un problema de seguridad nacional".
La problemática del Bajo Aguán fue uno de los temas "analizados a profundidad" en una sesión de seis horas y media con el Consejo de Seguridad, reveló el mandatario sin más detalles.
Lobo denunció que algunas de las personas que exigen tierras en un sitio del Bajo Aguán luego aparecen en otro, y que así lo demuestran fotografías.
Recordó que su Administración, que resaltó como la que más títulos de propiedad de tierras ha entregado a campesinos, ha adjudicado desde 2010 unas 4.400 hectáreas a labriegos agrupados en dos movimientos en el Bajo Aguán.
El Gobierno alcanzó un acuerdo con el Movimiento Unificado del Aguán (MUCA) y el Movimiento Auténtico Reivindicador de Campesinos del Aguán (MARCA), que ha permitido la compra por parte del Estado de las tierras a empresarios privados para entregarlas a los labriegos.
Pero luego han ido surgiendo nuevos movimientos que ocupan fincas cultivadas de palma africana en el Bajo Aguán o de caña de azúcar y café en otras regiones del país.
El viernes pasado, en el Bajo Aguán, unos 200 campesinos invadieron 530 hectáreas propiedad del empresario Miguel Facusse, en una acción en la que resultó herido uno de los guardias de finca, mientras que a principio de este julio fue denunciado el asesinato de dos labriegos en circunstancias no aclaradas.
Lobo advirtió este miércoles de que pedirá que se investigue qué han hecho algunos campesinos con 120 millones de lempiras (unos seis millones de dólares) que han recibido por la venta de palma africana en el sector del Bajo Aguán.
Resaltó que su Gobierno está saldando deudas a grupos campesinos que datan de 35 a 40 años, y que los problemas en el campo continuarán porque no se pueden resolver todos de una sola vez.
"El problema es que en el desorden (reclamos violentos de tierras) nadie gana, en el desorden perdemos todos y vamos a poner orden", sostuvo el gobernante, quien asumió el poder el 27 de enero de 2010.
Uno de los dirigentes del MUCA, Vitalino Álvarez, dijo este miércoles a periodistas que Lobo "está mal informado" de lo que ocurre en el Bajo Aguán y que los agricultores organizados no portan armas.
Añadió que el conflicto en la zona continuará mientras se mantenga una presencia militar ordenada por Lobo hace más de un año para frenar los enfrentamientos armados entre campesinos y guardias de seguridad privada de empresarios.
Álvarez admitió que el MUCA apoya a otros grupos de campesinos con "ayuda humanitaria en alimentación", y expresó que "no es justo" que se les vincule con grupos armados.
Empresarios hondureños y otros sectores aseguran que el conflicto en el Bajo Aguán ha dejado ser por tierras y que ahora es político, y responsabilizan al partido Libertad y Refundación (Libre), que coordina el expresidente Manuel Zelaya, derrocado en 2009, de promover algunas acciones políticas con los campesinos.
