Seis autonomías se plantean pedir también ayuda financiera al Estado

Cataluña, Castilla-La Mancha, Murcia, Baleares, Canarias y Andalucía deben afrontar vencimientos millonarios en los próximos meses

La Comunidad Valenciana ha sido la primera autonomía en adherirse al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), el mecanismo de financiación que el Gobierno ha puesto a disposición de las comunidades para que puedan hacer frente a sus vencimientos de pago.

Pero el Gobierno que preside Alberto Fabra no será el único que se acoja a este mecanismo, que el Gobierno ha configurado igual que los fondos europeos que sirven para rescatar a los Estados. Cataluña, Castilla-La Mancha, Baleares, Murcia, Canarias y, posiblemente, Andalucía, entre otras, tienen problemas para hacer frente a sus vencimientos por las duras condiciones que exigen los mercados. Algunas de estas comunidades estudian pedir el rescate financiero del Estado y asumir las duras condiciones presupuestarias que conlleva.

Los Ejecutivos regionales tienen que hacer frente a vencimientos de deuda por más de 15.838 millones de euros en lo que queda de año —se incluyen tanto préstamos, líneas de crédito y títulos de deuda—. Además, deberán formalizar otros 15.000 millones de deuda para financiar el déficit permitido este año, en el 1,5% del PIB. Las comunidades que tienen más vencimientos son Cataluña, que debe hacer frente a vencimientos por 5.755 millones en lo que queda de año; la Comunidad Valenciana, 2.883 millones; Andalucía, 1.610 millones; la Comunidad de Madrid, 1.344 millones; La Rioja, 940 millones, y Castilla-La Mancha, 705 millones, según los datos de vencimientos de deuda aportados por los Gobiernos autónomos a Hacienda en los planes de equilibrio financiero. No obstante, en algunos de estos vencimientos están incluidas varias líneas de crédito que se cancelan y se renuevan sucesivamente, lo que engorda la deuda pendiente equivocadamente como en el caso de La Rioja.

El rescate que el Gobierno ha configurado es igual que el de los fondos europeos que sirven para rescatar a los Estados

El consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, Arturo Romaní, ha sido uno de los más claros sobre su adhesión al fondo estatal de liquidez: “Estamos muy preocupados por la tesorería de la comunidad”, indicó la semana pasada tras asegurar que se acogería al mecanismo estatal. El portavoz del Gobierno de Murcia, José Ballesta, también se ha mostrado abierto a sumarse al FLA, aunque con matices. “Es evidente que la Consejería de Economía estará muy atenta a todo lo que suceda y en su momento, si lo cree oportuno, acudirá a ese fondo, que está abierto a todas las autonomías”. Por su parte, el presidente Balear, José Ramón Bauzá, aseguró ayer que su comunidad "tiene solvencia económica" y descartó que vaya a pedir un rescate al Gobierno como ha hecho la Comunidad Valenciana.

En el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el organismo que coordina la política económica del Gobierno con los consejeros de Economía regionales, varios consejeros reclamaron al Gobierno que aprobara cuanto antes un instrumento de liquidez para que las autonomías pudieran hacer frente a los vencimientos de sus deudas. El consejero de Aragón, José Luis Saz, aseguró que pese a que su comunidad no tenía ese problema, “la falta de financiación de las administraciones autonómicas es un problema importantísimo. Es un asunto que nos preocupa”. Saz precisó: “Pese a que no todas las comunidades tenemos ese problema habrá que buscar una solución conjunta para todas”. Al día siguiente, el Ejecutivo aprobó el mecanismo de financiación para rescatar a las comunidades.

Los bancos cierran el grifo

Los Gobiernos regionales están asfixiados. En las últimas semanas algunos bancos habían frenado el crédito a las comunidades a la espera de que el Gobierno pusiera en marcha el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). La liquidez de las comunidades autónomas se ha evaporado. Pese a que la mayoría de las comunidades han emprendido una severa poda en los gastos regionales, la recaudación está en caída libre. Los ingresos no financieros de las comunidades autónomas cayeron un 6,15% durante el primer trimestre del año, según los datos de ejecución presupuestaria de las comunidades autónomas en el primer trimestre de 2012. La recaudación por el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (ITP y AJD), uno de los más importantes para las comunidades porque lo gestionan ellas mismas, se ha reducido casi un 23% entre enero y abril de este año.

Esta situación ha secado la tesorería de las comunidades que empiezan a lucir telarañas en sus cajas de caudales. Un ejemplo de la agónica situación que padecen las autonomías es la Generalitat de Cataluña, que hace dos semanas tuvo que formalizar un crédito de 500 millones para pagar la paga extraordinaria de verano a sus funcionarios.

El truco del palo y la zanahoria

Mientras tanto, Hacienda practica con las comunidades el juego del palo y la zanahoria, como dijo el propio Montoro. Por un lado ha aprobado un plan de pago a proveedores para que pudieran liquidar las facturas impagadas por 17.000 millones, les adelantó en enero la liquidación del sistema de financiación de 2010 que debía pagar a finales de este mes y ha creado el fondo de liquidez para vencimientos. Pero por el otro lado, está apretando de lo lindo a las autonomías para que aceleren el control de sus cuentas públicas. Les amenaza continuamente con la intervención y les aprieta las clavijas cada vez con más fuerza.

Esa estrategia provocó una pequeña rebelión en el pasado Consejo de Política Fiscal y Financiera. El Gobierno ha logrado un margen de un año para rebajar el objetivo de déficit y ha obtenido de Bruselas un punto adicional de déficit este año, que no ha querido compartir con las comunidades.

Todo lo contrario, en el cuadro macroeconómico que el Gobierno presentó ayer se establece unas metas de déficit para las comunidades más exigentes que para el Estado, lo que obligará a nuevos ajustes. Por eso, se está librando una lucha entre las comunidades y el Ministerio de Hacienda para compartir la responsabilidad política de los recortes.

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