Montoro tendrá sus ‘hombres de negro’

Las comunidades autónomas ya pueden pedir el rescate al Gobierno. Así, como un rescate en toda regla, es como se ha configurado la ayuda de liquidez, según los detalles que figuran en el decreto ley publicado el sábado en el Boletín Oficial del Estado. Según esa norma, Hacienda podrá enviar a las comunidades misiones de control, hombres de negro en la expresión del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, con acceso a toda la información, los desembolsos de la ayuda se harán por tramos y habrá una dura condicionalidad tanto presupuestaria como financiera, a imagen y semejanza de los rescates europeos de Grecia, Irlanda, Portugal y, para recapitalizar la banca, España.

El rescatado se convierte así en rescatador. Obviamente, la palabra rescate no figura una sola vez en las 14 páginas del decreto ley. Un buen fondo de rescate nunca se llama así. En Europa está la Facilidad Europea de Estabilidad Financiera (FEEF) y el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). En España ya había un fondo de rescate de la banca, el FROB. Ahora, el mecanismo de rescate español a las comunidades se llama Fondo de Liquidez Autonómico. Ha nacido el FLA.

El decreto ley que regula el FLA señala que se financiará con deuda pública del Estado, aunque el Gobierno explicó el pasado viernes que espera pedir prestados a Loterías 6.000 millones para dotar el fondo. Al igual que se pone en duda que en el caso europeo haya dinero suficiente para un hipotético rescate de España e Italia, una de las incógnitas sobre el FLA es si la dotación de 18.000 millones de euros con que contará será suficiente para hacer frente a los vencimientos de deuda y financiar el déficit de todas las comunidades que necesiten recurrir a él. Lo previsible es que haya que ampliarlo el año próximo. En el caso europeo, al menos, la solvencia máxima (AAA) del fondo de rescate estaba garantizada. En España, en cambio, el Estado sale al rescate de las comunidades cuando su propia nota de solvencia está al borde del bono basura y hay numerosos expertos y autoridades que creen que tendrá que pedir un rescate completo, no solo para la banca.

Pero si las dificultades del Tesoro para financiarse son grandes, algunas comunidades autónomas lo tienen prácticamente imposible. Varias de ellas saben que no pueden atravesar el verano sin el riesgo de no poder hacer frente a sus vencimientos y/o a sus nóminas. Por eso, aunque el decreto ley da de plazo (prorrogable) hasta el 31 de diciembre para pedir el rescate, lo previsible es que varias lo hagan de inmediato. Y, al igual que en Europa, aunque el mecanismo es voluntario, en algunas condiciones se convierte en la práctica en forzoso.

El diseño sigue el modelo de las ayudas de Grecia, Irlanda o Portugal

El FLA “atenderá las necesidades financieras” de los vencimientos de títulos de deuda y de préstamos, de la financiación del nuevo déficit y de las liquidaciones negativas pendientes del sistema de financiación autonómica “en tanto que persistan dificultades de acceso de las comunidades autónomas a los mercados financieros”, algo que determinará cada año la Comisión Delegada del Gobierno, reza el decreto.

Entre las condiciones financieras, la comunidad autónoma se someterá a los principios de prudencia financiera que fije el Tesoro. Una comunidad que pida el rescate al FLA no podrá, en principio, emitir valores ni concertar créditos en el extranjero, salvo permiso expreso del Gobierno. Deberá comunicar todas las operaciones de crédito a corto y largo plazo y cederá al Estado, con cargo al crédito concedido, la gestión del pago de sus vencimientos de deuda. Los recursos de su sistema de financiación responderán de la devolución del rescate.

Pero las más duras serán las condiciones presupuestarias o fiscales. Tras la decisión de pedir el rescate y someterse a su normativa, las comunidades deberán presentar y acordar con Hacienda un plan de ajuste (o las modificaciones al que esté en vigor), el equivalente al memorando de entendimiento de los rescates europeos.

Como parte del plan de ajuste, la comunidad entregará un detallado plan de tesorería, con todos los calendarios y presupuestos mensuales de ingresos y pagos, el saldo de deuda, el perfil de vencimientos de los próximos 10 años y las necesidades de nuevo endeudamiento, entre otros datos. Ese plan de tesorería deberá ser actualizado en los cinco primeros días de cada mes. Por su parte, el plan de ajuste deberá actualizarse al menos una vez al año.

El FLA, el nuevo fondo de rescate estará gestionado por el ICO

Además, la comunidad deberá dar a Hacienda cada mes información sobre su ejecución presupuestaria, la evolución del plan de ajuste, los riesgos para su cumplimiento, las necesidades de liquidez y de endeudamiento y cualquier otra información que le requiera Hacienda.

Si Hacienda ve riesgos de incumplimiento del plan de ajuste, podrá enviar una misión de control. Los hombres de negro procederán de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Deberán diagnosticar la situación financiera de la comunidad y su cumplimiento de las condiciones del rescate, al igual que hace la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) en los países intervenidos en Europa. Esos hombres de negro de Montoro tendrán “acceso a la totalidad de la documentación de la comunidad autónoma, para el buen desempeño de sus funciones”, dice el decreto. En un máximo de un mes desde el inicio de cada misión, remitirán su informe al ministro de Hacienda.

Del resultado de ese informe dependerá, en primer lugar, que se desembolse o no el siguiente tramo de la ayuda financiera. Como en Europa, el rescate se instrumenta a través de “un calendario por tramos”, dice el decreto, en el que cada desembolso está condicionado al cumplimiento de las condiciones.

Pero en el caso español, la importancia del dictamen de los hombres de negro va más allá. En Europa, el incumplimiento solo bloquea los nuevos pagos. Pero, en España, puede desembocar en la intervención de la comunidad autónoma. Si el dictamen es negativo, la comunidad autónoma deberá realizar un depósito del 0,2% de su producto interior bruto (PIB) nominal y aprobar en un plazo de 15 días nuevos recortes. Si no lo hace, Montoro enviará una nueva comisión de expertos que presentará su propuesta de medidas obligatorias para la comunidad. En caso de desobediencia, como prevé la ley de estabilidad presupuestaria, el Gobierno, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, obligará a su “ejecución forzosa”, en lo que supondrá la intervención plena de la comunidad.

El decreto ley, por otra parte, establece que la gestión financiera del FLA correrá a cargo del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Las condiciones del crédito se fijarán en cada caso, pero como mínimo repercutirán plenamente los gastos financieros y demás costes en que incurra el FLA. Los recursos del sistema de financiación (como la participación de las comunidades en la recaudación del IRPF o del IVA, por ejemplo) responderán de la devolución del rescate.