Europa dará otro año a España contra el déficit pero exige medidas adicionales

Guindos afirma que los socios del euro aprobarán una "nueva senda de ajuste fiscal"

El Gobierno tendrá tres meses de plazo para anunciar cómo va a cumplir con la consolidación

Presionado a un lado por el acoso de los mercados y con el consuelo de tener un año más de plazo para ajustar las cuentas públicas, el ministro de Economía español acaba de llegar al Consejo donde se reunirá con sus homólogos de la zona euro. A su entrada a la cita, Luis de Guindos ha confirmado que el Eurogrupo fijará las condiciones al rescate del sistema financiero español y abrirá la puerta a una "nueva senda de ajuste fiscal" que dará un año más a España para alcanzar la meta del 3% de déficit desde el 8,9% con el que cerró 2011. Esta flexibilización supone un importante alivio para el esfuerzo del Gobierno de Mariano Rajoy de ajustar las cuentas públicas, aunque la UE advierte de que los nuevos plazos no excluyen la necesidad de tomar medidas adicionales de ajuste este mismo año.

Según un borrador de la reunión de los ministros, España ya no tendrá que cerrar este año con un déficit del 5,3% sino del 6,3%; el 3% previsto para este año en el Plan de Estabilidad se flexibilizará hasta el 4,5%, y no será hasta 2014 cuando la diferencia entre lo que el Estado gasta e ingresa tendrá que quedar por debajo del 3% del PIB (concretamente en el 2,8%).

La medida de gracia de Bruselas, que ya se planteaba en la revisión del Programa de Estabilidad español de finales de mayo, estará sin embargo condicionada al cumplimiento de una serie de recomendaciones, algunas de las cuales ya están en el disparadero. Entre ellas destaca la subida del IVA que hoy ha confirmado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, así como incremento de otros impuestos medioambientales.

Pese al mayor plazo, la Comisión Europea advierte de que "las autoridades españolas deberán adoptar sin demora medidas adicionales en 2012 a fin de garantizar la realización de los planes presupuestarios para este año". Con este fin, Bruselas da tres meses al Gobierno para adoptar medidas eficaces. Antes de octubre también deberá presentar un informe sobre cómo piensa alcanzar los objetivos de aquí a 2014.

Pero hay más. El Gobierno, continúa el borrador, deberá "estar dispuesto a adoptar nuevas medidas si llegaran a materializarse los riesgos que pesan sobre los planes presupuestarios y acelerar la reducción del déficit en 2013 y 2014 si las condiciones económicas y presupuestarias resultasen mejores de lo esperado". Para asegurar este extremo, se anuncian revisiones trimestrales que irán en paralelo a las de la ayuda a la banca y la recapitalización del sistema financiero. Sobre el crédito de hasta 100.000 millones para las entidades con problemas, Bruselas, asimismo, advierte de que la eventual necesidad de llevar a cabo algún otro rescate "plantea riesgos para la estrategia presupuestaria".

A cambio de la relajación en los objetivos de déficit, indica el borrador, España deberá "lograr una mejora del saldo presupuestario estructural del 2,7 % del PIB en 2012, del 2,5 % en 2013 y del 1,9 % en 2014, con el fin de situar el déficit público por debajo del valor de referencia el 3 % del PIB de aquí a 2014".

La propuesta se discutirá primero en la reunión de ministros de Finanzas de la eurozona de esta tarde y solo si lo aprueban por unanimidad se incorporará la propuesta a la agenda de mañana del Ecofin (Consejo de ministros de Finanzas de la UE), el cual tendría que aprobar la propuesta por mayoría cualificada.

Bajo el programa actual de la UE, España tiene que reducir su déficit público al 3% del PIB en 2013, para lo que debería situarlo en el 5,3% a final de este año. Este recorte supone un esfuerzo de ajuste sin precedentes equivalente, según consta en los libros, a 39.300 millones de euros. Para ello, el Gobierno incluyó en los ya desfasados Presupuestos de 2012 recortes y aumentos de impuestos por 27.000 millones y, una semana después, forzó a las comunidades a sacar la tijera por 10.000 millones en sanidad y educación. Estos recortes, sumados a los ajustes ya previstos, eleva su esfuerzo de consolidación total a 18.000 millones.

No obstante, la Comisión y los socios europeos son conscientes de que la recesión que sufre España será fuerte y que más recortes podrían hacerla aún más larga y profunda. De hecho, el deterioro económico ya se está dejando notar en la recaudación de impuestos como el IVA, que está en caida libre y ha bajado un 10% en los primeros cinco meses del año, lo que complica aún más alcanzar los objetivos de consolidación fiscal. Fruto de esta caída de los ingresos y condicionado por los adelantos a la Seguridad Social y a las comunidades, el Estado ha cerrado mayo con un desfase entre sus ingresos y gastos del 3,41%, muy cerca del tope del 3,5% establecido para la Administración Central para todo el año. Si a este 3,5% se le suma el margen previsto hasta ahora para las comunidades, entes locales y Seguridad Social el objetivo se iba al 5,3%.

Sobre el reparto que hará el Gobierno del nuevo punto porcentual de margen entre las distintas administraciones, el ministro del ramo, Cristóbal Montoro, ha admitido que debatirán este tema si finalmente sale adelante en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este jueves. En esta cita, ha añadido, también se analizará la ley de estabilidad que les obliga a imponer límites de gasto no financiero en sus presupuestos, algo nuevo para las comunidades. La Comisión Europea obliga en este apartado a crear una institución independiente que controle la política presupuestaria, además de aplicar estrictamente el marco presupuestario a medio plazo.

En los mercados, donde el país está sometido a una fuerte presión, el déficit o los problemas del sector financiero no son los únicos motivos de preocupación, ya que los inversores temen que la amenaza de una mayor contracción económica y una prolongada crisis acabarían por agravarlos con el tiempo.

Del lado de las dificultades, la flexibilización del objetivo de déficit ha superado los recelos generados por las sucesivas revisiones al alza del déficit público así como por los problemas para embridar las cuentas de las comunidades. Sin embargo, el objetivo de evitar al máximo un rescate del conjunto del Estado, una vez que ha solicitado ya el de sus bancos, ha podido con las reticencias. A partir de las previsiones recogidas en los Presupuestos y el Plan de Estabilidad, el nuevo objetivo de déficit del 6,3% del PIB para 2012 equivaldría a un ajuste de 28.700 millones de euros, aunque aquí también la mala evolución de la recaudación del Estado alterará la cifra definitiva.

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