No hay moneda sin Estado

En una semana han pasado todas las cumbres de mandatarios programadas (G-20, Río+20, Roma, Ecofín,…) menos la del Consejo Europeo de los próximos jueves y viernes, tan importante para el futuro de la UE, el eslabón más débil de la recuperación económica. Para hacer el balance definitivo de estos días será mejor conocer el vector dominante de las decisiones tomadas y contar con un poco de perspectiva para ver qué parte de lo predicado se pone en práctica y si han sido o no otra oportunidad perdida.

En lo que se refiere a Europa parece haberse hecho hueco un cierto clima intelectual y económico más equilibrado que el existente. En primer lugar, la vehemencia en la defensa del euro y del proyecto europeo de los cuatro jefes de Gobierno reunidos en Roma (Merkel, Hollande, Monti y Rajoy) ha sido más contundente. En el camino hacia una unión política a largo plazo se ha colado con fuerza una etapa de la que no se hablaba hasta hace poco: la unión bancaria, que se añade a la convergencia fiscal y a la unión económica como hitos intermedios de esa hoja de ruta. Como escribe Louis D. Brandeis, que fue juez del Tribunal Supremo de EEUU, los recursos de los bancos no son, en su mayor parte, ni propiedad de sus accionistas ni de sus administradores, y el grado de dependencia del conjunto de la economía de las entidades financieras es de tal envergadura que la banca “debería ser tipificada como uno de los negocios afectos al interés público” (El dinero de los demás, editorial Ariel).

Se debe determinar aún la financiación, el reparto y el calendario de las medidas de estímulo

La UE también parece haberse movido hacia una mezcla de ortodoxia económica con estímulos suaves, de austeridad y keynesianismo controlado, secundaria hasta la llegada de Hollande a la presidencia francesa. El Consejo Europeo deberá determinar el programa de actuación, el calendario, las fórmulas de financiación y el reparto de ese 1% del PIB (130.000 millones de euros) que se utilizará en políticas de crecimiento y creación de empleo, más allá de las buenas intenciones. Y si ello es suficiente para arrancar a la zona del estancamiento o de un crecimiento muy por debajo de su potencial.

Respecto a España, también persisten muchas incógnitas después de tanta reunión. Son los detalles que no se han dignado en especificar ninguna de las dos partes: ni los acreedores ni el deudor. Entre otros, cuánto dinero se demandará, el tipo de interés (entre el 3% y el 4% citados hay un 25% de diferencia en el precio de ese dinero) y las condiciones del préstamo (años de amortización y periodo de carencia); a qué fondo de salvación se acudirá, lo que determinará la prevalencia del pago; a qué bancos se aplicará la recapitalización y si ésta será con inyecciones de capital directas o a base de bonos contingentes convertibles; o si definitivamente habrá una vinculación directa entre deuda bancaria y deuda soberana (tesis de Merkel, combatida por las autoridades españoles y cuestionada por la directora del FMI). Y sobre todo, si a la condicionalidad bancaria se le añadirá una condicionalidad macroeconómica y serán de obligado cumplimiento para los ciudadanos españoles las recomendaciones de la Comisión: subida del Impuesto del Valor Añadido (IVA), eliminación de la deducción fiscal por compra de vivienda, más años de trabajo para jubilarse, reducción del seguro de desempleo y del monto de la pensión pública, etcétera.

Las políticas de ajuste generan un divorcio cada vez mayor entre los ciudadanos y los políticos

Despejar estas dudas y contradicciones es determinante: la obligatoriedad de aplicar políticas de ajuste cada vez más profundas a espaldas del sentir de los ciudadanos de un país genera un divorcio cada vez mayor entre ellos y sus representantes políticos. Como desarrolla el politólogo José Fernández-Albertos (Democracia intervenida, editorial Catarata y Fundación Alternativas) se está extendiendo en algunas capas una idea fuerza muy peligrosa para la naturaleza de la propia democracia: bajo determinadas condiciones es sensato aislar a los políticos de las demandas de los ciudadanos expresadas en las urnas, y puede ser socialmente óptimo restringir el margen de maniobra de los decisores políticos democráticos. La gestión de las economías modernas es tan compleja que es mejor dejarla en manos de los expertos. Ello ya ha sido defendido en varios artículos de prensa en España. Escritos precisamente por algunos de esos expertos.