Ocho auditores para 14 bancos

La evaluación de la banca que el Gobierno ha decidido poner en marcha para cerrar la recapitalización del sector se alarga más de lo previsto. Aunque el proceso nació como un ejercicio de "transparencia absoluta", en palabras del ministro de Economía, Luis de Guindos, para despejar de una vez por todas las dudas sobre la situación real de las entidades, pronto se convirtió en el paso previo a la petición del rescate europeo para sanear el sector. Además, lo que al principio era un encargo a dos evaluadoras, al final será un trabajo para ocho firmas contables, más de la mitad de las entidades en examen, que son 14.

La primera parte de la evaluación se cerró ayer con la presentación de los resultados de las pruebas de resistencia realizadas al conjunto del sector por Roland Berger (Alemania) y Oliver Wyman (EE UU). La revisión ha tenido un coste de dos millones de euros, según reveló el subgobernador del Banco de España, Fernando Restoy, tras las evasivas del secretario de Estado, Fernando Jiménez Latorre. Sin embargo, Restoy justificó que se trata de un precio acorde con el mercado para un procedimiento de urgencia.

En este proceso ha intervenido a su vez por la consultora estadounidense Promontory. Esta firma ha sido la responsable de comparar los informes de las auditorías y que cifran las necesidades de capital de la banca española en hasta 62.000 millones de euros.

De hecho, según matiza en la documentación recogida en el supervisor, no ha participado en la recopilación de los datos de las entidades. También, advierte, su trabajo no debe entenderse como una valoración de las conclusiones ni los escenarios macroeconómicos en los que se ha llevado a cabo la prueba de resistencia. En su lugar, añade la sociedad, tiene un objetivo meramente informativo.

El segundo paso ya está teniendo lugar. En paralelo a la prueba de resistencia el Gobierno encargó a las auditoras Deloitte, Ernst & Young, KPMG y PwC que analizase, una a una, las cuentas de las 14 entidades a examen. Aquí es donde aparece la octava firma extranjera que se ha contratado para el proceso: Boston Consulting Group, que será el responsable de dirigir el trabajo de las auditoras.

El objetivo de esta segunda fase, según explicó en su día Economía, es ver si la banca ha realizado correctamente la detección y las provisiones sobre los activos inmobiliarios problemáticos. Es decir, aclarar si tienen morosidad oculta. Para ello, prestarán especial atención a la correcta clasificación de los préstamos, tanto por segmento de negocio como por su calificación (al corriente de pago, en riesgo de impago o moroso), así como la identificación de los préstamos que sean refinanciaciones o reestructuraciones de deuda y los niveles de provisiones. Está previsto que sus trabajos concluyan a finales de julio.

Pero aun hay más. Con estos datos, el Gobierno ha decidido volver a someter al sector a otra prueba de resistencia con una información más detallada y precisa de la que han tenido durante la primera fase y que se prevé que esté concluida a partir de septiembre. Sin embargo, para ello no se contratará a una firma adicional, ya que el Ministerio de Economía anunció el jueves que elegirá a una de las dos que han llevado a cabo el primer test de estrés. Se espera que este segundo examen sea el definitivo para fijar las necesidades exactas de cada una de las 14 entidades a prueba.