La velocidad reformadora del Gobierno está haciendo que el calendario establecido para la entrega de planes de cumplimiento de los decretos de la banca sobre provisiones quede desfasado con rapidez.

Este lunes acabó el plazo para que las entidades avancen la manera en la que van a reforzar las provisiones de la cartera de créditos y activos inmobiliarios no problemáticos, que son unos 123.000 millones. Este decreto les exigirá unos 30.000 millones de nuevas dotaciones que tendrán que realizar antes del 31 de diciembre de este año.

El problema es que el decreto es del 11 de mayo y diez días después, el 21 de ese mes, el Gobierno anunció la contratación de Roland Berger y Oliver Wyman para que valoren los balances del sistema bancario. Unos días después, llegó el aviso de que también vendrán auditores a examinar las cuentas.

Esta circunstancia ha provocado que los planes que han entregado al Banco de España quedarán superados por las posteriores exigencias de los evaluadores internacionales, que serán muy superiores, según dijeron este lunes ejecutivos de las entidades.

Los bancos procedentes de cajas que están en proceso de fusión entregaron este lunes sus planes sin contar con estas operaciones, como marca el decreto. Otro factor que resta importancia a los documentos de este lunes. Esto afecta a tres procesos: Unicaja y su unión con Caja España-Duero; La Caixa con Banca Cívica y Liberbank con Ibercaja y Caja3.

No será hasta el 30 de junio cuando tengan la obligación de presentar sus planes para lograr provisiones con las fusiones ya diseñadas. Sin embargo, el próximo 21 de junio se conocerán los informes de los consultores que servirán de base para que el Banco de España determine eventuales necesidades de capital.

Estos datos superarán las provisiones del segundo decreto, lo que convertirá en papel mojado los planes anteriores. Incluso no será hasta el 31 de julio, con el plan de los auditores cuando se conozca el capital definitivo que necesita cada entidad.