El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, ha asegurado que la entidad no prevé recurrir a los fondos a los que tendrán acceso las entidades financieras españolas después de que el pasado sábado el Eurogrupo diera luz verde al rescate de la banca española con una línea de crédito de hasta 100.000 millones de euros. "No tenemos previsto solicitar dinero del rescate", ha asegurado esta tarde Oliu. El presidente del Sabadell ha recordado antes de la presentación que, tras la absorción de Banco CAM, la entidad dispone de una provisión genérica del 16% sobre sus activos de riesgo, lo cual les permite "una relativa tranquilidad".

Oliu sí ha celebrado la decisión de crear el fondo de rescate para la banca y que la fórmula pase por hacer llegar el capital al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), puesto que ello permite diferenciar el salvamento de un país, como ha sido el caso de Grecia o Portugal, del de la banca. "El Gobierno tiene un plan de consolidación fiscal bien hecho", ha asegurado, de forma que el fondo para la banca permite "separar" esas dos realidades.

Aunque Oliu se ha felicitado de que las entidades en apuros "sin acceso a los mercados de capitales" tengan ahora a su alcance financiación de los países de la zona euro, también ha recordado que quedan por despejar algunas "incógnitas", como las cantidades que se destinarán a cada entidad y la fórmula que se emplea para determinarlas así como los bancos que participarán en ese fondo.

En todo caso, Oliu ha afirmado que el Sabadell no se propone de momento recurrir a esos fondos, a no ser que finalmente todo el sistema financiero esté obligado a ello. El presidente de la entidad catalana ha agregado que el banco prevé cumplir con los requisitos que fijan los decretos del Gobierno sobre saneamientos con los resultados recurrentes del banco. Y este, ha remachado, no entrará en números rojos.

El presidente del Sabadell ya había sostenido hace apenas dos semanas que convenía articular una forma para inyectar dinero a los bancos en apuros, puesto que ni el sector público, en plenos ajustes presupuestarios, ni el sector privado pueden asumir las cantidades necesarias para recapitalizar el sistema financiero español.