El Banco de España se defiende de su lentitud con siete argumentos

El Banco de España admite que fue lento, sí, ante la crisis financiera española, pero no gratuitamente. El organismo que ha tenido al frente hasta hoy a Miguel Fernández Ordóñez ha presentado un pliego al Fondo Monetario Internacional (FMI) en el que explica las razones por las que no actuó más rápidamente para evitar un deterioro del sector que, en última instancia, ha llevado a España a pedir el rescate a sus socios europeos para sanear la banca. El supervisor culpa a la regulación, al Gobierno, a las comunidades autónomas y a otras restricciones de no haber podido actuar más rápido.

El organismo que preside Christine Lagarde da por buenos esos argumentos: "Estos son algunos de los factores que explican por qué el proceso de reestructuración fue lento y por qué, en este contexto complejo, el Banco de España tuvo que llevar a cabo una gran cantidad de trabajo y solo pudo tomar medidas tras un proceso muy laborioso y engorroso".

Las alegaciones que presentó Ordóñez son siete. La primera, que los instrumentos legales adecuados para la resolución de crisis no se introdujeron hasta 2009, con el decreto ley que creó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

En segundo lugar, que el deterioro de la economía ha sido más prolongado de lo previsto inicialmente por todas las instituciones nacionales e internacionales.

En tercer lugar, el Banco de España subraya que los sucesivos Gobiernos españoles en el poder durante el período decidieron y reconfirmaron que solo debían usarse fondos públicos limitados para rescatar a los bancos, lo que obligó a descartar alternativas del tipo banco malo. Se consideraron más apropiadas otras opciones, en parte porque a diferencia de las grandes entidades de otros países, los grandes bancos españoles no estaban afectados. "Esta decisión se tomó no solo por la necesidad de contener el déficit público, sino también —y especialmente— por el hecho de que un enorme incremento en el déficit podría conducir a una crisis aguda de la deuda soberana, como ya ha ocurrido en otros países", razona el Banco de España. Ordóñez admite que la decisión de implementar la reestructuración a través de soluciones privadas tiene muchas ventajas, pero es inevitablemente más lenta y mucho más compleja y difícil de implementar que los que —aun siendo más expeditivas— implican enormes cantidades de recursos públicos.

En cuarto lugar, la implementación de una solución privada ha sido particularmente difícil y lenta durante esta crisis porque las grandes entidades internacionales que podrían haber participado en fusiones y adquisiciones de las españolas no estaban en condiciones de hacerlo, lo que restringió la solución privada al ámbito nacional.

Además, en quinto lugar, el Banco de España argumenta que durante esta crisis sistémica no era posible utilizar la herramienta tradicional de liquidación de un banco con pérdidas para los tenedores de bonos. "Si España había sido el único país en imponer pérdidas a los tenedores de bonos de pequeñas y medianas entidades, la financiación de otras entidades españolas saludables se habrían deteriorado gravemente", dice el Banco de España, que concluye que los beneficios derivados de la liquidación de un buen número de entidades de crédito no habría compensado el daño potencial al sistema bancario en su conjunto y especialmente a las entidades más saludables.

En sexto lugar, el gobierno corporativo de las cajas de ahorros se sumó a la complejidad del proceso de reestructuración y afectó a su velocidad, debido a la fuerte presencia de intereses políticos y sindicales en sus consejos de administración y asambleas. "Este problema se ha mitigado con la transformación de las Cajas en los bancos, pero sólo desaparecerá si las Cajas pierden el control de sus bancos participados", dicen las alegaciones.

Por último, en séptimo lugar, el hecho de que las comunidades autónomas ejercieran su facultad de aprobar las fusiones de las cajas durante el proceso de reestructuración, ralentizó significativamente el proceso, dada la necesidad de llevar a cabo negociaciones largas y complejas y difíciles con los gobiernos regionales a fin de llegar a acuerdos adecuados. El Banco de España considera que este problema ya ha desaparecido gracias a la transformación de las cajas en bancos.