Repsol y un accionista de YPF demandan a Argentina en un tribunal de Nueva York

Repsol y un accionista de YPF, la firma de asesoramiento financiero norteamericana Texas Yale Capital, han presentado ante un tribunal de Nueva York una demanda colectiva en contra del Gobierno de Argentina por la expropiación de la antigua filial de la petrolera española. En la demanda, Repsol y el accionista reclaman que se reconozca la obligación del Gobierno argentino de lanzar una opa por YPF, tal y como se estipula en los contratos firmados en su día con el Ejecutivo argentino para entrar en la petrolera, y una compensación por los daños causados.

Con esta decisión, la empresa dirigida por Antonio Brufau cumple con el anuncio que hizo de que pleitará contra Argentina en todos los foros posibles. De hecho, el martes ya dio el primer paso para llevar el contencioso ante el órgano de arbitraje internacional sobre inversiones del Banco Mundial (Ciadi).

Los demandantes piden que, hasta que Argentina lance la opa, se impida a las acciones expropiadas ejercer derechos de voto, ingresar dividendos o sumarse a los mecanismos de constitución de quórum en las juntas generales de accionistas. De momento, el nuevo equipo gestor de YPF ya ha comunicado al regulador bursátil de Nueva York que tras el cambio de control ha dejado de cumplir alguna de las condiciones exigidas por la Bolsa de Wall Street para cotizar en su parqué y advierte de que podría verse obligada a salir del NYSE.

Repsol y Texas Yale fundamentan su recursos en cinco causas, entre las que figuran la ruptura de compromisos contractuales por parte del Gobierno argentino, la vulneración de los puntos 7 y 28 de los estatutos de YPF que obligan a lanzar una opa, el incumplimiento de las promesas ofrecidas a los inversores internacionales con el objeto de animarles a entrar en YPF y la ausencia de buena fe en la conducta del Ejecutivo de Cristina Fernández de Kirchner.

Los estatutos de YPF no solo obligan a Argentina a lanzar una opa si quiere retomar el control de la empresa, sino que también especifican el mecanismo para calcular el precio de la oferta. El Gobierno argentino, indican los abogados, ha hecho además un "esfuerzo" para soslayar sus obligaciones contractuales adoptadas en el momento en el que el Estado inició la privatización de YPF y acudió a mercados de Estados Unidos para captar capital. En esta operación logró 1.100 millones de dólares.

Los demandantes también denuncian la campaña emprendida por el Estado argentino para "hundir" las acciones de YPF en las semanas anteriores a la expropiación de la petrolera. Si a finales de 2011 el Gobierno argentino parecía "completamente implicado" con YPF, desde comienzos de este año "cambió el paso y lanzó una ofensiva agresiva y de amplio espectro contra YPF y sus accionistas", asegura la demanda.

Como consecuencia directa de esta campaña, indica, las acciones de YPF cayeron en Bolsa hasta costar menos de la mitad que en los meses anteriores. Para ello, las autoridades argentinas realizaron declaraciones amenazantes, filtraciones a la presa y actos de retirada de licencias.

Por otra parte, el nuevo interventor de YPF, el ministro argentino de Planificación, Julio de Vido, ha remitido al supervisor del mercado estadounidense, la SEC, un escrito en el que reconoce "diferencias signficativas" entre sus prácticas de gobierno corporativo y "las requeridas por los estándares de cotización de la NYSE". En el documento, incluido en el folleto 20-F, la empresa reconoce que desde la nacionalización del 16 de abril “ya no tiene un comité de auditoría que satisfaga los requisitos” de la normativa estadounidense.

YPF explica además que las empresas no estadounidenses cotizadas en Nueva York deben seguir por la general sus normas nacionales sobre gobierno corporativo, en vez de los requisitos del parqué estadounidense. No obstante, la NYSE obliga a informar de las diferencias entre las prácticas estadounidenses y las usadas por la empresa.

El decreto de intervención de YPF concede a los propios interventores designados por el Gobierno "todos los poderes, derechos y responsabilidades del comité de auditoría", y esta circunstancia podría no ser admitida por los gestores de la bolsa neoyorquina.