El decreto abre la puerta a las ayudas públicas para inmobiliarias ‘malas’

El ladrillo es origen de la mayor etapa de crecimiento económico y también de la mayor crisis económica de España en la democracia. Es también la gran enfermedad de la banca y por eso protagoniza la que es ya la segunda reforma financiera del PP en tres meses. El Gobierno ha optado por la creación de los llamados bancos malos, o más bien inmobiliarias malas: una sociedad a la que las entidades traspasarán sus activos inmobiliarios adjudicados, es decir, esas parcelas, pisos o locales que han embargado porque sus clientes han dejado de pagar el crédito. El sector, en total, tiene inmuebles adjudicados por valor de unos 80.000 millones.

El decreto del Gobierno deja la puerta abierta a que entren inversores privados y señala que podrán establecerse “instrumentos de apoyo financiero”, lo que, según aclaran fuentes del Ministerio de Economía, abre la posibilidad de obtener apoyo público en un desarrollo reglamentario futuro —incentivos fiscales, avales u otro tipo de medidas—, pero no tienen por qué ser ayudas públicas, insisten desde el Gobierno.

El traspaso de activos será obligatorio para todas las entidades, pese a que bancos como Santander y el BBVA habían mostrado su rechazo a que este tipo de solución fuera forzada para todo el sector, ya que estos, defendían, estaban gestionando la venta de su ladrillo a buen ritmo. Son muchas las entidades que ya gestionan la venta de los activos tóxicos, con lo que fuentes de Economía admiten que a estos grupos no les cambiará la operativa, pero puede mejorar la imagen de transparencia y la profesionalización de la tutela de esta área, argumentan.

Las entidades que no han recibido inyecciones del fondo de rescate bancario (FROB) no tendrán que cumplir con ciertas obligaciones a las que sí están sometidas las auxiliadas: un ritmo de venta anual del 5% de los activos y un tope de tres años para desconsolidarlos (que salgan de su balance).

Este proceso se acompasará al ritmo de las nuevas provisiones que tiene que realizar el sector (añadir más recursos a ese colchón de seguridad por los posibles impagos), con lo que los plazos para completar el traspaso de activos adjudicados a esas inmobiliarias malas tendrán los mismos plazos que estas dotaciones: 31 de diciembre de 2012 para las entidades en solitario y mediados de 2013 (es decir, 12 meses a partir de la fecha de la fusión) para aquellas en proceso de concentración. El valor con el que los inmuebles pasarán bajo el paraguas de las sociedades inmobiliarias (pueden ser individuales o de varias entidades) será el resultante de restar las provisiones al valor contable.

El sector, en total, tiene inmuebles adjudicados por valor de unos 80.000 millones de euros

No solo Bruselas desconfiaba del esfuerzo de saneamiento hecho hasta ahora por la banca, también el Fondo Monetario Internacional (FMI) había alertado sobre morosidad oculta y los mercados desconfiaban.

Por eso Bruselas y el Banco Central Europeo (BCE) reclamaban una valoración independiente de los activos inmobiliarios. El Gobierno ha optado por encargar a dos firmas externas una tasación del conjunto de la cartera de la banca, no solo de la vinculada al ladrillo, con lo que será como una nueva prueba de resistencia (como las de la Autoridad Bancaria Europa) del sector ante un entorno adverso: decrecimiento, caída de los precios inmobiliarios y del valor de la deuda pública. Economía sostiene que una valoración de campo, de activos inmobiliarios entidad por entidad, requeriría años, y este proceso arrojará resultados en cuatro meses. Fuentes financieras señalan que el Gobierno piensa en Oliver Wyman y Ernst & Young. Blackrock, que salía en las quinielas, no podrá hacerlo porque participa en fondos que busca activos en España.