REESTRUCTURACIÓN FINANCIERA

El auditor de BFA-Bankia encuentra un desfase patrimonial de 3.500 millones

Las objeciones de Deloitte a las cuentas del grupo obligaban a la entrada del Estado

El desfase patrimonial de la matriz del banco no se podía subsanar por sus propios medios

El ajuste fue el detonante de la salida de Rodrigo Rato de la presidencia

El presidente de Bankia, Rodrigo Rato. / Juanjo Martin (EFE)

Cuando la situación de una empresa se complica, las auditorías pasan a ser un documento clave para entender lo que pasa, y muy peliagudo. Los auditores tratan de evitar reclamaciones posteriores, por lo que afinan en el documento que firman. Tanto es así que la auditoría del Banco Financiero y de Ahorro (BFA) y de su filial Bankia se convirtió en un elemento clave para la salida de Rodrigo Rato, presidente del grupo, y para permitir al Gobierno el saneamiento profundo del grupo.

El principal tema de discusión entre Deloitte y los gestores de Rato —aunque no el único— fue que el Banco Financiero y de Ahorro tenía contabilizada la participación de Bankia en 12.000 millones en su balance. Su valor actual en Bolsa es de 2.000 millones y el valor contable es de 8.500 millones. Existía una enorme diferencia entre la realidad (el mercado) y las anotaciones en libros.

A ambas partes les pareció razonable que no se rebajara el valor de Bankia de 12.000 millones hasta el de Bolsa, 2.000 millones, porque no es una participación que BFA piense vender en el mercado. Sin embargo, Deloitte sí consideró necesario rebajar desde los 12.000 millones hasta los 8.500 millones de valor contable de Bankia, es decir, una reducción de 3.500 millones. Estos 3.500 millones se deberían cargar contra resultados, pero eso era imposible porque BFA gana 41 millones.

La otra posibilidad era hacerlo contra el patrimonio de la entidad. Este patrimonio asciende a 3.515 millones. Es decir, si se cumplía la exigencia de Deloitte se dejaría a cero el patrimonio de BFA, la matriz de Bankia. Para evitar que BFA se quedara sin patrimonio se deberían convertir los 4.465 millones de participaciones preferentes del Estado en capital, como está previsto en la ley. El problema es que, automáticamente, el Estado se quedaría como único accionista de BFA y la entidad sería nacionalizada en el 100% de su capital.

Esta situación dejaba todo el control de BFA, presidido por Rato, en manos del Estado. El argumento se convirtió en un obstáculo insalvable para el presidente, Rodrigo Rato. Se quedó sin argumentos para contrarrestar la petición del Ministerio de Economía y del Fondo Monetario Internacional (FMI), que reclamaban un cambio de gestión en el grupo que incluía su salida. Si BFA pasaba a ser del Estado, las recomendaciones de Economía se convertían en órdenes. La capacidad de maniobra de Rato se redujo notablemente.

Los auditores y los responsables de Bankia se enrocaron cada uno en su posición. El grupo presidido por Rato argumentó que sus cuentas se incluyeron en el plan de saneamiento que se entregó al Banco de España y este no había pedido que se redujera el valor en libros de Bankia. No obstante, el supervisor sí advirtió al grupo Bankia que debía incrementar su capital, si bien admitió que era posible lograrlo mediante la venta de las participaciones preferentes y la mayor parte del grupo industrial.

El grupo cree que no hay que ajustar el valor porque no pretende vender

BFA también argumentó que no todas las entidades tienen reducidas sus participadas hasta el valor contable y, mucho menos, hasta la capitalización bursátil. También consideraron que esos 3.500 millones de diferencia es una cantidad que el grupo podría ir reponiendo poco a poco, con los beneficios anuales, una vez que se normalizara la situación, tras el saneamiento de la entidad.

El grupo BFA-Bankia sostuvo que si conseguía dar una salida al problema del ladrillo (que supone que alguien asuma las pérdidas de su banco malo) podría obtener unos resultados anuales de entre 1.700 y 2.000 millones. Con estas cantidades, dijeron, se podría reponer el desfase.

Esta argumentación restó fuerza a Deloitte, aunque se mantuvo en su posición. Comunicó a Bankia que tenía dos posibilidades: rebajar el patrimonio en 3.500 millones o admitir la existencia de una salvedad en la auditoría, prueba de que el auditor cree que las cuentas revisadas no reflejan la imagen fiel de la entidad.

Otras empresas también contabilizan sobre el valor de mercado

Con este debate abierto, el tiempo se echó encima. La fecha límite para presentar la auditoría era el 30 de abril. Ese día, el grupo Bankia no la entregó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) porque seguían las discusiones con Deloitte. La excusa oficial del grupo, manifestada en una nota, fue que Deloitte no había tenido tiempo suficiente para analizar las cuentas “por la enorme complejidad” que supone el grupo. Bankia intentó que se registraran las cuentas sin auditoría dentro del capítulo de “Cuentas Financieras Auditadas”, a lo que se negó la CNMV. Para solucionar el problema, se acordó que Bankia enviara las cuentas sin auditar como hecho relevante, algo completamente inusual.

La falta de la auditoría bloqueaba a BFA-Bankia porque no podía convocar la junta de ninguna de las dos entidades. Según fuentes financieras, Deloitte ha aprovechado la llegada del plan de saneamiento del Gobierno, que incluirá la inyección de entre 7.000 y 10.000 millones, para supeditar su auditoría a esta circunstancia, que realmente condicionará el futuro y la contabilidad del grupo.

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