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ANÁLISIS

Las mentiras de la austeridad

Tras la necesidad de llevar a cabo ajustes se esconden equívocos, contradicciones e intereses.

La crisis se agrava pero, paradójicamente, las políticas reproducen las viejas ideas e intereses que provocaron los problemas actuales. La “austeridad presupuestaria” es la espina dorsal de las estrategias económicas de los gobiernos, como si ahí residiera la causa principal de la crisis y la restricción más importante para superarla. Se presenta como inexorable y con el aval de la racionalidad económica, pero tras ella encontramos equívocos, contradicciones y fuertes intereses.

¿Quién puede oponerse a la “austeridad” y a un uso razonable de los recursos, a mejorar la gestión de lo que es de todos y para todos —lo público—? Ser austeros, evitar el despilfarro, debería formar parte de nuestro código moral más íntimo. Pero el lenguaje no es inocuo y se maneja con evidente intencionalidad: nos traslada que la crisis económica es el resultado del despilfarro público.

Nada más lejos de la verdad. Las finanzas públicas se encontraban en una situación saneada antes de que irrumpiera la crisis económica. Y no tenemos en España un Estado del Bienestar inasumible que haya que “racionalizar” (el peso del gasto social en el PIB es inferior al europeo). En cambio, las sucesivas rebajas fiscales, de las que no todos se beneficiaron por igual, nos privaron de importantes ingresos tributarios.

Los problemas del despilfarro cobran todo su sentido cuando se refieren a la esfera financiera más especulativa. ¿Por qué no se aplicaron políticas prudentes (austeras) ya antes de la crisis, cuando lo aconsejaban el endeudamiento privado y la especulación financiera? Las ganancias que se podían obtener del despilfarro eran demasiado importantes y los grupos ganadores, lejos de practicar la austeridad, imponían políticas permisivas. Y aún creíamos en las bondades de la desregulación financiera. Tampoco se observa la preocupación por la austeridad en los recursos proporcionados por las Administraciones Públicas para ayudar a los bancos, o en las remuneraciones de los altos directivos de las empresas y los pagos a los grandes accionistas, o en las fortunas millonarias que alimentan los mercados especulativos, donde se obtienen enormes beneficios con una aportación fiscal desproporcionadamente baja.

El mayor déficit
es consecuencia
de la crisis y no su desencadenante

El aumento del déficit público ha sido el resultado de la propia crisis, no su desencadenante. La caída del crecimiento ha mermado los ingresos fiscales mientras que, en paralelo, se han canalizado enormes recursos a las instituciones financieras. Pero apenas se han aplicado controles o se han exigido contrapartidas para impedir que se utilicen en beneficio de directivos y accionistas, o, más lacerante aún, para especular contra las deudas soberanas.

Otra falsedad es que “hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y ahora toca hacer un esfuerzo colectivo de austeridad”. Este mensaje elimina las diferencias sociales, como si todos hubieran tenido la misma capacidad de endeudamiento o de capturar las rentas generadas por las burbujas, o como si los recortes no estuvieran afectando especialmente a los más vulnerables. Y se desliza además que “todos” somos corresponsables de la crisis, quedando sepultada una explicación más profunda que enfatiza precisamente las desigualdades como un elemento central. Lo cierto es que el endeudamiento y las burbujas han constituido un formidable negocio para algunos -bancos, grandes empresas y fortunas- y que la generalización de la deuda fue la otra cara de las políticas de contención salarial, permitiendo expandir el consumo y aumentar los beneficios empresariales.

La crisis y la “vigilancia” de los mercados financieros se utilizan como coartada para desprestigiar lo público, para impulsar la privatización de los servicios básicos, para modificar el modelo del Estado de Bienestar y las relaciones laborales, para recortar derechos. Si no lo remediamos, estas medidas alargarán la recesión provocando un sufrimiento innecesario a la población (¿existe mayor despilfarro que el paro?) y tendrán un carácter difícilmente reversible a medio plazo.

Fernando Luengo y Jorge Uxó son profesores de Economía en las Universidades Complutense de Madrid y de Castilla-La Mancha, respectivamente, y miembros del colectivo econoNuestra (http://econonuestra.org).