Usando a Europa como coartada

Con la coartada de Europa y la excusa de la austeridad hemos pasado de un régimen autonómico a otro meramente descentralizado: al menos en el terreno presupuestario, y ya se sabe que lo que no está en el presupuesto no está en el mundo.

La reciente Ley de Estabilidad Presupuestaria, focalizada en controlar las cuentas autonómicas, incluye como fuente de autoridad en su preámbulo 12 referencias a la Unión Europea, sus instituciones y su normativa. Con esa ley “trasladamos la arquitectura de la gobernanza europea al ordenamiento jurídico y al Estado de las autonomías”, justificó el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, el 25 de enero. Madrid sería como Bruselas. Y las autonomías, perdón, como los Estados miembros de la UE. ¿Es este el resultado?

La política de saneamiento de las finanzas públicas europeas, entronizada desde Maastricht, se plasmó en el Pacto de Estabilidad de 1997, varias veces revisado. La última, a final de 2011 en el paquete six pack de seis reglamentos y directivas, y en el Tratado Fiscal firmado el 2 de marzo. Esas novedades prodigan los controles preventivos a los Estados miembros mediante informes, alertas, advertencias y exigencia de medidas de austeridad; endurecen las sanciones, comprimiendo calendarios; objetivan el control, incorporando semiautomatismos que descartan las decisiones discrecionales; y dan mayor peso a la Comisión dificultando que el Consejo (los Gobiernos) obstaculice su labor inspectora y sancionadora.

La ley española calca de esas normas su procedimiento de vigilancia a las autonomías. Parece la “traslación” que anunció Montoro. Pero su sustancia institucional contradice radicalmente esa apariencia. En efecto, los automatismos de la UE se trocan aquí casi siempre en poderes discrecionales de examinador fiados al Gobierno. Y sobre todo, el Gobierno central viene a reemplazar aquí el rol de la Comisión como autoridad ejecutiva. Se trata de una impostura, porque es juez y parte, al carecer de la independencia de Bruselas (puede centrifugar su déficit a las comunidades al mantener conflictos de intereses con ellas, y de hecho le acusan de hacerlo); carece de la neutralidad de la Comisión (dictada por el Tratado y por el hecho de que incorpora a nacionales propuestos por los distintos Estados miembros, que se equilibran mutuamente); y no existe un contrapeso equivalente al del Consejo de la UE como última instancia.

No lo es el Consejo de Política Fiscal y Financiera: mientras que los Gobiernos de la UE pueden tumbar una decisión de la Comisión por mayoría cualificada invertida, las autonomías no, ya que el Gobierno (artículo 10 de la LOFCA) cuenta en él con el 50% de los votos. En la UE la soberanía es compartida, participada. En España, la autonomía deviene acatamiento: resulta misterioso que el nacionalismo catalán aplauda esa degradación, embarcado como está en la deriva de la soberanía fiscal ya no “compartida” sino, ay, ”completa”.

Todo apunta así al “estado de excepción autonómico” que insinuaba el profesor Pérez Royo en su columna del 28 de abril. Con el Senado de enterrador formal y no de cámara autonómica como la que —ojalá— promete la vicepresidenta Sáenz de Santamaría. Es una pena haber desoído el apremio liberal a crear un Consejo de Estabilidad Presupuestaria independiente que actuase de autoridad. También para controlar al Gobierno, porque si bien este aprieta las tuercas a las comunidades, “no me queda claro cómo la administración central va a verse sometida ella misma a una mayor disciplina”, lamenta Jesús Fernández-Villaverde (www.fedeablogs.net). ¿Quién controla el juego limpio del controlador, España adentro? España afuera, al menos es Bruselas, un alivio.