El programa de estabilidad que este lunes envió el Gobierno español a Bruselas es, en palabras del ministro de Economía, Luis de Guindos, la "espina dorsal" de la política económica para esta legislatura. El programa está dominado por una prioridad, la reducción del déficit público a machamartillo. Pero más allá del ajuste y sus efectos, lo más determinante para el crecimiento y el empleo será, según las propias estimaciones del Ejecutivo del PP, la reforma laboral. El Gobierno cree que la nueva norma inducirá una significativa contención de los costes laborales y facilitará así ganancias de competitividad. En el vocabulario del trabajador, esto se traducirá en una prolongada pérdida de poder adquisitivo. Como mínimo, hasta 2015.

El Gobierno recalca que uno de los objetivos de la reforma laboral, en vigor desde mediados de febrero, es lograr "una mayor flexibilidad a la baja de la remuneración salarial por trabajador". Y reitera su argumentación de que uno de los problemas del trabajo en España es que cuando llega una crisis como la actual, el ajuste se hace mediante un aumento del paro ante la supuesta dificultad para hacer bajar los salarios.

La aplicación de la reforma laboral, sostiene el Ejecutivo, llevará a un mínimo crecimiento de la remuneración por trabajador en 2012 (0,2%, la cuarta parte que en 2011) aún en un contexto de notable destrucción de empleo. En 2013 se prevé incluso un retroceso (-0,4%) y los dos años siguientes, de nuevo, avances mínimos (por debajo del 0,3%). El contraste con la evolución de la inflación, que da una idea de la pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores, es notable. El deflactor del consumo en el PIB (que sirve de aproximación al IPC) refleja incrementos siempre cercanos al 2%.

El Gobierno le cuenta a Bruselas cómo piensa que la reforma laboral logrará esta significativa contención del coste del trabajo para las empresas: "La negociación de los salarios en condiciones más competitivas, la mitigación de los mecanismos de persistencia de los salarios nominales [las cláusulas de garantía salarial], así como unos costes de utilización de los servicios del trabajo menos onerosos para la empresa [indemnizaciones por despido mucho más bajas] redundarán en una menor destrucción de empleo". También, a tenor de las propias estimaciones del Ejecutivo, en unos incrementos salariales más que modestos.

"Este cambio estructural", como lo llama el Gobierno, "permitirá conseguir a medio plazo una correlación mucho más ajustada entre salarios reales y productividad". En otras palabras, la contención salarial permitirá "una recomposición de los márgenes del sector empresarial" a través de la caída de los costes laborales unitarios, caballo de batalla de los que afean a España la pérdida de competitividad registrada. En media anual, la bajada será "en torno al 2% entre 2012 y 2015". Solo a más largo plazo, "el salario real acabará repuntando", dice el Gobierno.

La contención salarial y la mejora de los márgenes empresariales no se traducirá, sin embargo, en creación de empleo. Al menos en esta legislatura, donde el propio Gobierno estima que se destruirán en total más de 400.000 empleos. Economía defiende que las mejoras de productividad permitirían crear "un pequeño volumen de empleo" con "tasas de crecimiento del PIB algo superiores al 1%", en 2014 y 2015, cuando, en las últimas décadas, la creación de empleo ha venido asociada a avances del PIB cercanos al 2%.