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Repsol acusa a Argentina de expropiar YPF para tapar la crisis económica y social

El presidente de la petrolera afirma que la nacionalización no está justificada por utilidad pública Brufau lamenta que desalojaran a los directivos al amparo de la ley Videla La compañía asegura que la medida no se traducirá en una subida de los carburantes

Brufau, durante la rueda de prensa en Madrid.

Repsol acusó hoy a Argentina de expropiar su filial YPF con el objetivo de tapar la crisis social y económica que azota el país latinoamericano, según ha dicho el presidente de la petrolera española, Antonio Brufau. La compañía, que pide 10.500 millones de dólares (unos 8.000 millones de euros) por su participación en YPF, considera la nacionalización ilegal y demandará a Buenos Aires en un arbitraje ante el Banco Mundial.

"Estos actos no quedarán impunes", advirtió el primer ejecutivo de la petrolera en una conferencia de prensa convocada en la sede de Repsol en Madrid y que duró casi dos horas. "La presidenta de Argentina ha realizado un acto ilegítimo e injustificable tras una campaña de acusaciones dirigida a derrumbar la acción de YPF y permitir una expropiación a precio de saldo", dijo Brufau, cuyo tono, directo pero campechano, contrastó con el aire de solemnidad que rodeó la víspera el anuncio de la presidenta Fernández de Kirchner.

En primer lugar, la compañía demandará a Buenos Aires ante el Banco Mundial por la expropiación, la mayor registrada en el sector de los hidrocarburos desde que Rusia se hiciera con los activos de Yukos hace una década. Los pleitos se dirimen a través del Centro Internacional sobre Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), donde ya han llevado sus quejas en el pasado otras compañías españolas presentes en Argentina, como Telefónica, Endesa, Gas Natural y Aguas de Barcelona.

El presidente de Repsol aseguró que la expropiación de la filial, que el año pasado representó un tercio del beneficio bruto de la compañía española, no está justificada por utilidad pública y rechazó las acusaciones del Gobierno argentino de que la petrolera tiene una actitud "depredatoria" sobre los recursos del país. "La decisión viola los más elementales principios de la igualdad de trato", dijo. Pese a tratarse de una iniciativa que abarca todo el sector de los hidrocarburos, solo ha sido expropiada YPF y, dentro de esta empresa, solo las acciones de la petrolera española.

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"A través de levantar la bandera de la expropiación y buscar un responsable en YPF se oculta la realidad", afirmó Brufau, para quien la renacionalización responde simplemente a un intento del Gobierno argentino de "tapar la crisis social y económica que está enfrentando Argentina", con una elevada inflación y conflictos en sectores como el transporte. El Gobierno "solo busca tomar el control de la petrolera sin ninguna opa, un compromiso asumido por el Gobierno en su privatización", añadió.

El Gobierno español se ha comprometido a defender los intereses de Repsol. El ministro de Industria, José Manuel Soria, advirtió hoy que la expropiación tendrá consecuencias, que se conocerán en los próximos días, y que se materializarán a través de medidas de ámbito “diplomático, comercial, industrial y energético". En Bruselas, la Comisión Europea suspendió un encuentro bilateral con Argentina previsto para esta semana y advirtió que la decisión envía una señal muy negativa a los inversores.

No subirá la gasolina

El presidente de Repsol ha enfatizado que en ningún momento la producción de YPF ha sido enviada a España por lo que no afectará de ninguna manera al precio de los carburantes. "La repercusión será cero en compras, precios y aprovisionamientos", ha dicho. La expropiación, ha asegurado Brufau, no afectará a la política de dividendos de la empresa y que a finales de mayo presentará un nuevo plan estratégico.

Brufau ha añadido que Repsol no ha tenido ninguna respuesta del segundo accionista de la filial argentina, el grupo Petersen, de Enrique Eskenazi. Repsol tiene una participación del 57,43% en YPF. Adicionalmente, mantiene un préstamo con el grupo de la familia Eskenazi valorado en 1.542 millones de euros. Este grupo tiene más de un 25% del capital de YPF tras el acuerdo alcanzado entre Repsol y el Gobierno argentino, que adquirió con un préstamo de Repsol (45%) y de un grupo de entidades (el otro 55%). De hecho, esta empresa debe pagar 400 millones a sus bancos acreedores en mayo. O refinanciar. Para el Gobierno argentino, nacionalizar este paquete hubiese sido nacionalizar una deuda de unos 4.000 millones.

Respecto a la posibilidad de que la petrolera china Sinopec se haga con la participación expropiada, Brufau dijo: "Los chinos, por muy chinos que sean, son muy serios. Y nadie serio entra por la puerta falsa". Respecto al ministro de Planificación argentino, Julio de Vido, el primer ejecutivo de Repsol añadió: "No creo que verle sentado al frente de YPF sea un plato de buen gusto para un inversor fino de Minesotta". Y arremetió contra el concepto de seguridad jurídica del país: "No es de lo más fuerte".

Ley Videla

Brufau fue duro con la manera de actuar de ayer del Gobierno argentino, que mandó a altos funcionarios a la sede de YPF en Buenos Aires para obligar a los ejecutivos a abandonarla de inmediato. "Entraron en nuestras instalaciones al amparo de una ley de Videla, que fue un dictador, antes incluso de que la presidenta acabase de explicar el decreto de intervención. No es propio de un país moderno, esta no es la Argentina querida. La gente de este país se merece otra cosa", dijo.

Brufau hizo historia y recordó que el matrimonio Kirchner aproyó la privatización de YPF en 1999. Entonces, el expresidente Néstor Kirchner era gobernador de Santa Cruz.. "En 2008, escuchando los deseos del Gobierno argentino dimos entrada a un grupo argentino, con financiación bancaria y de la propia Repsol. Fue absolutamente aprobada por Kirchner y su señora y se aprobó el pago de dividendos" ahora criticado.

"Habría que mirarse un poquito en el recordatorio de cada uno", reprochó en relación a las críticas de Kirchner contra la política de dividendos. "Hasta finales de 2011 solo recibíamos beneplácitos, ya ahora se nos acusa de una década de depreciación".

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