El Gobierno prohibirá a los profesionales el pago en efectivo de más de 2.500 euros

Los infractores se enfrentan a multas equivalentes al 25% de la cuantía

Rajoy anuncia en el Congreso que el viernes se aprobará el programa de lucha contra el fraude

Mariano Rajoy esta mañana en el Congreso de los Diputados. / ULY MARTÍN

El plan de lucha contra el fraude fiscal que ultima el Gobierno para intentar aliviar el déficit público con más ingresos, y que irá acompañado de la primera amnistía fiscal en dos décadas, incluirá la prohibición de las operaciones en efectivo superiores a los 2.500 euros para los empresarios profesionales. Esos pagos tendrán que realizarse a partir de ahora mediante tarjeta o con una transferencia bancaria. De lo contrario, según adelantó hoy el presidente Mariano Rajoy en el Congreso, los infractores se enfrentarán a una multa del 25% de la cuantía del pago.

Con esta medida, Hacienda pretende impedir la utilización de dinero negro (sobre todo en forma de billetes de 500 euros) en operaciones comerciales y, en el caso de las empresas, ponerles un obstáculo para que no recurran a facturas falsas, un fraude típico que consiste en que una empresa que tributa en el IRPF por el sistema de módulos emite una factura por un servicio no prestado para que otra compañía pueda desgravarse el IVA que, en realidad, no ha pagado. El plan de lucha contra el fraude que aprobará el viernes el Consejo de Ministros pretende recaudar hasta 8.171 millones en 2012, que ayudarán a cumplir el objetivo de déficit impuesto por Bruselas (5,3% del PIB este año y 3% del PIB en 2013).

La medida anunciada hoy está inspirada en las limitaciones para el pago en efectivo vigentes en Italia (1.000 euros) y Francia (3.000 euros para profesionales y 1.500 euros para el abono de salarios), desde 2011 y 2010, respectivamente. A falta de conocer la letra pequeña, los inspectores fiscales consideran un avance cualquier iniciativa que ponga trabas al manejo de dinero en efectivo. “Por si sola no es la panacea, pero es una medida positiva”, según indicaron fuentes de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), que agrupa al 95% de los 1.500 inspectores. “Habrá que vigilar si el listón de los 2.500 euros es demasiado alto o no, pero todavía es pronto”, añaden desde la asociación.

Para los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), ese máximo debería rebajarse hasta los 1.000 euros, como en Italia, cuya economía sumergida podría ser equiparable en tamaño a la española. Además, los técnicos afirmaron en un comunicado que la medida será papel mojado frente al fraude, porque será “más rentable” pagar la sanción: “Defraudar implica ahorrarse el pago del impuesto de sociedades (que grava hasta un 30% del importe) y el IVA (del 4% al 18%), lo que supone un importe superior al del 25% que deberían afrontar como máximo en caso de ser pescados por Hacienda”. Sin embargo, fuentes de la organización de inspectores de Hacienda puntualizaron que, una vez descubierto el fraude y pagada la multa, lo normal sería regularizar ese dinero, con el consiguiente pago de los impuestos correspondientes.

“Restringir las operaciones en efectivo siempre es una buena medida de lucha contra el fraude”, manifiesta Valentín Pitch, del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF). Se trata de la primera vez que se fijan límites al pago en efectivo en España. Hasta ahora, la lucha contra el dinero negro se había concentrado en los controvertidos billetes de 500 euros —suponen el 70% del efectivo en circulación— y en reforzar la vigilancia sobre los ingresos en los bancos.

El Gobierno anunció la limitación de los pagos en efectivo, sin concretar la cuantía, el pasado 7 de enero, cuando presentó el plan de lucha contra el fraude.

Rajoy ha avanzado esta medida durante la sesión de control en el Congreso en respuesta a una pregunta del portavoz de la Izquierda Plural, Cayo Lara, sobre la amnistía fiscal. Al respecto, el presidente ha matizado que no se trata de una amnistía total puesto que las rentas que afloren pagarán un gravamen del 8% —para las empresas— o del 10% —para los particulares— y ha defendido que esta medida "tiene sentido en la situación actual".

Así, ha insistido en que es una "medida excepcional", que solo tendrá efectos en 2012 y que responde a un momento en que España necesita reducir el déficit público hasta el 3 % del PIB en 2013, razón por la que resulta "muy importante" mejorar los ingresos del Estado.

Según explicó hace unos meses la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, en el plan tendrán gran importancia las listas de evasores fiscales aportadas por países que han dejado de figurar en la lista de paraísos fiscales como Andorra, Panamá y Antillas Holandesas. No obstante, este objetivo de recaudación se sitúa por debajo del que ya está vigente: 8.171 millones, frente a 9.400, lo que representa un descenso del 13%.

Por otra parte, en la sesión de control, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha anunciado que "muy pronto" se publicará el seguimiento trimestral del estado de ingresos y gastos de cada comunidad autónoma en términos de contabilidad nacional, "para que haya una mayor transparencia".

Guindos, partidario de suprimir las subvenciones a la I+D

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha señalado que la inversión en investigación e innovación tiene una "deficiencia estructural" al ser dependiente de las subvenciones que, en su opinión, deben ser eliminadas para dar paso a la inversión privada.

En su respuesta en el pleno del Congreso a una pregunta de la diputada del grupo vasco Arantza Tapia, Guindos ha destacado que desde 2009 hasta 2011 se produjeron "recortes implícitos" en I+D+i mayores que los recogidos en los presupuestos de 2012, fijados en el 26 %.

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Redactora de Economía en EL PAÍS

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