Las concesionarias creen insuficiente la solución de Fomento a las autopistas

El Gobierno ha usado el Presupuesto de este año como una mascarilla con la que insuflar algo de oxígeno a las autopistas que están al borde de la quiebra por culpa de la escasez de tráfico de pago. Las cuentas de compensación —mecanismo por el cual el Estado adelanta a las concesionarias los ingresos que considera imprescindibles y se establece su devolución cuando el tráfico se haya recuperado— estaban pensadas para concluir este año. Las presiones de unas empresas agónicas arrancaron al Ministerio de Fomento el compromiso de alargar estas cuentas hasta 2021. Pero varias empresas consultadas consideran insuficiente esta solución.

“Con el dinero estipulado para las cuentas de compensación hasta 2021 no tenemos ni para cubrir un año”, aseguran fuentes del sector, que protestan además por haberse enterado de los planes del ministerio a través de la prensa. Las empresas más afectadas por los bajos ingresos de vías como las radiales de Madrid son Ferrovial y Sacyr, aunque también afecta a otros grandes del sector como Acciona, ACS y OHL.

La ministra de Fomento, Ana Pastor, anunció el martes que cuenta con 280 millones de euros para otorgar préstamos participativos a la decena de autopistas en riesgo de quiebra. En una rueda de prensa en la que dio explicaciones sobre los presupuestos de su departamento para este año, Pastor aseguró que esta medida, junto con la ampliación de la cuenta de compensación hasta 2021, permitirán a las concesionarias afrontar en el corto y medio plazo los desequilibrios de sus cuentas, originados por los sobrecostes de expropiación que afrontaron y las caídas del tráfico.

La titular de Fomento también avanzó que un equipo del ministerio ha constituido una mesa de trabajo que se encargará de diseñar un nuevo modelo concesional. El objetivo del Gobierno es que el capital privado sea capaz de colaborar en la financiación de obra pública con certeza y seguridad jurídica.

Aumenta la cesión de impuestos a ayuntamientos y provincias

El recorte en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) afectará a la plantilla que trabaja para el Estado. Los PGE recogen una reducción de 17.416 funcionarios (incluyendo Administración Central, organismos públicos y agencias estatales). El tijeretazo dejará en 561.783 el número de trabajadores públicos. También mengua el número de altos cargos, de 506 a 436, un 16%.

Los PGE también recogen un aumento del porcentaje de cesión a ayuntamientos y diputaciones provinciales de varios impuestos recaudados por el Estado como consecuencia de la reforma del sistema de financiación autonómica que se llevó a cabo a finales de 2009. Así, los municipios recibirán el 1,6875% de la cuota líquida del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; el 1,7897 % de la recaudación líquida por el Impuesto sobre el Valor Añadido imputable a cada localidad y el 2,0454 % de la recaudación por los Impuestos Especiales sobre alcohol, tabaco e hidrocarburos.

A cada una de las provincias se les cede el 0,9936 % de la cuota líquida del IRPF, el 1,0538% del IVA y el 1,2044 % de los Impuestos Especiales.