La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha puesto el grito en el cielo. Al supervisor bursátil español no le gusta la propuesta que ha hecho la Comisión Europea para revisar la normativa sobre abuso de mercado (información privilegiada, manipulación de las cotizaciones...). Fernando Restoy, vicepresidente del organismo, ha criticado hoy las intenciones de Bruselas durante una intervención en la Jornada del Fondo de Garantía de Inversiones.

En concreto, Restoy considera que el borrador de la Comisión contiene disposiciones que podrían suponer "una excesiva limitación del ámbito de competencias" de los supervisores de mercados y de su capacidad inspectora. El primer elemento de crítica tiene que ver con la "exagerada amplitud" que, en su opinión, tiene la definición de delito propuesta en el ámbito de abuso de mercado. Según la propuesta comunitaria, toda conducta calificable  como abuso de mercado, que tenga carácter intencionado, sería considerada delito penal, con independencia del impacto económico y gravedad objetiva de la misma.

"En la medida en que, por definición, todo incumplimiento de la normativa presenta ese elemento subjetivo -la intencionalidad- esta propuesta podría extender de manera desproporcionada el ámbito de actuación de las autoridades judiciales", advierte Restoy. Ello conllevaría, según la CNMV, la no aplicación del régimen administrativo sancionador (para el que es competente el supervisor), "lo que, sin duda, supondría una pérdida considerable de eficacia y agilidad de la actuación supervisora para la detección y corrección de conductas manipulativas".

Asimismo, Restoy denuncia que las propuestas de la Comisión podrían limitar "de manera sensible" los instrumentos con los que cuentan los supervisores. "En particular, las autoridades competentes no podrían acceder al contenido de las grabaciones que realizan las empresas proveedoras de servicios de inversión sobre las órdenes cursadas por sus clientes". De este modo, en el escenario más desfavorable, la CNMV no solo seguiría sin poder acceder, a través de los operadores de telecomunicaciones, al registro telefónico y de tráfico de datos de particulares o entidades involucradas en una conducta presuntamente irregular "sino que tampoco tendría acceso a las cintas en las que los intermediarios financieros registran las órdenes efectuadas por sus clientes". Es decir, la CNMV dejaría de tener acceso, según la iniciativa legislativa de Bruselas, a una información muy relevante para sustentar expedientes reguladores".