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Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Lo que Europa exige a España

Bruselas pide con razón las cuentas antes de bendecir un déficit más lógico y menos cruel

Xavier Vidal-Folch

En el relativamente controlado choque de trenes España-Unión Europea a cuenta del incumplimiento español de los objetivos formales del déficit en 2011 y para 2012, las razones van repartidas. Solo carecerá de ellas quien convierta un lógico pulso institucional en cruzada atizada de orgullo nacional. O en auto de fe castizo a eurócratas, por reos de detallismo puntilloso. O en afrenta bruselense a los altaneros provincianos hispanos.

Por supuesto que si el déficit se ha disparado al 8,51% del PIB en vez de al 6%, sería una locura depresiva bajarlo a casi la mitad, al 4,4% en un año, en plena recesión (menos ingresos) y paro rampante (más gastos). Por eso la movida de Rajoy en Bruselas obtuvo verosimilitud de sensatez. Y un apoyo interno “unanimista”, que declinaba Pierre Vilar.

Pero también las instituciones europeas cumplen su deber al mostrarse vigilantes. En pocas semanas España pasó de sugerir que casi cumpliría el 6% a que desbordaría ese límite subiéndolo al 8% y, enseguida, al 8,51%.

Si el déficit se ha disparado al 8,51% del PIB en vez de al 6%, sería una locura depresiva bajarlo a casi la mitad, al 4,4% en un año

No solo es lógico, sino obligado, que el comisario Olli Rehn y su portavoz Amadeu Altafaj frunzan el ceño y exijan conocer al milímetro las tripas de ese déficit antes de bendecir la —indispensable— flexibilidad para 2012. Por varias razones:

A) La cifra del Gobierno sobre el déficit de 2011 es provisional: se destila de la contabilidad nacional (un cálculo, una estimación) y no de la liquidación real del presupuesto, que estará lista en abril.

B) La otra estimación reciente, del Banco de España, es de solo el 7,1%, muy discordante del 8,51%. Al final el Gobierno puede ganar la partida estadística, porque la periodificación de facturas (el carry over, o efecto escaparate inverso: anotarlas al año anterior para cargar las sombras en el pasado ajeno y así hacer hincapié en el esfuerzo del siguiente ejercicio) admite cierta flexibilidad. Es estupendo que lo controle un organismo neutral.

Las instituciones europeas cumplen su deber al mostrarse vigilantes

C) La mayor desviación está originada por el estancamiento y no por el despilfarro o la mala gestión —que también ayudan—: “Dos tercios del déficit se explican por las desviaciones derivadas de la pobre recaudación de impuestos y solo un tercio de la desviación de gasto”, ha concluido con tino el consejero del Banco de España Guillem López-Casasnovas (EP, 4 de marzo), pero eso no es aún oficial.

D) El deliberado retraso en publicar el proyecto de Presupuesto de 2012, por causas partidistas (aplazar disgustos hasta después de las elecciones andaluzas), dobla otras lentitudes, como la de la Agencia Tributaria, que ya hace más de una semana debía ofrecer su liquidación de diciembre y aún no lo ha hecho.

Si el Gobierno esgrime ante Bruselas la necesidad de flexibilizar la senda de reducción por ser excesiva, lo es igualmente bajar del 2,94% al 1,5% su componente autonómico

¿Cómo puede entonces Bruselas controlar la aplicación del reformado Pacto de Estabilidad del euro? ¿Cómo endosar que un Estado miembro reclame flexibilidad, fuera de la reunión, y el mismo día en que se compromete a una mayor rigidez al firmar el nuevo Tratado de Estabilidad? Todo indica que España tiene mucha razón en el qué. Mejor que no pierda un ápice por un mal cómo soberanista.

Y con la batalla de la cuantía del déficit se encona también la del reparto de esfuerzos para enjugarla. Sostiene Montoro que es un debate “absurdo, inconveniente, inútil e inoportuno”. Qué dechado de adjetivos. Si el Gobierno esgrime ante Bruselas la necesidad de flexibilizar la senda de reducción porque bajar en un año del 8,51% al 4,4% —casi la mitad— es excesivo para el conjunto, lo es igualmente bajar del 2,94% al 1,5% su componente autonómico, también casi la mitad.

El gasto autonómico es, en torno al 75%, gasto social. Ojalá nadie conjeture matar dos pájaros de un solo tiro: descrestar las autonomías y jibarizar el welfare state, qué gran placer ultraliberal.

Y ahora, dos precisiones en igual línea sobre Delenda est autonomia, del día 1. Hay razones para hacer más elástico el déficit del Gobierno central, primera defensa contra el ciclo adverso, pero los mayores gastos en desempleo corren a cuenta de la Seguridad Social y no de él en sentido estricto. Y para que la remisión al absurdo de que suprimir las acciones no sociales de las autonomías redujese su déficit en un 25%, debería obviamente añadírsele una cancelación de los ingresos a ellas aproximadamente asociados.

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