Hacienda quiere obligar a las autonomías a dotar un fondo para imprevistos

El Gobierno obligará a las comunidades autónomas a crear un fondo de contingencia en sus presupuestos “para atender necesidades imprevistas”, según el anteproyecto de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Económica, que el Ejecutivo aprobó el pasado viernes en el Consejo de Ministros y ha remitido al Congreso para su tramitación urgente.

 La norma, que será debatida el próximo jueves en la Cámara baja, establece la regla de gasto para las Administraciones públicas, que no podrá aumentar más que el crecimiento del PIB. Limita además deuda pública al 60% del PIB, con el objetivo de cumplir con el principio de equilibrio presupuestario demandado por Bruselas.

Hasta ahora, las comunidades no estaban obligadas a dotar en sus cuentas de un colchón para imprevistos, aunque muchas sí solían incluirlo en sus cuentas públicas. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, creó en los Presupuestos de 2012 un “fondo de contingencia” que reflejaba la incertidumbre sobre las transferencias del Estado. A partir de ahora, las autonomías tendrán que reservar una partida de sus presupuestos para imprevistos.

Hasta ahora las comunidades no estaban obligadas a contar con un colchón para contratiempos

“El Estado y las comunidades autónomas incluirán en sus presupuestos una dotación diferenciada de créditos presupuestarios que se destinará, cuando proceda, a atender necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el presupuesto inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio”, señala el texto del anteproyecto de ley. Se debatirá el próximo jueves y sobre el que los grupos políticos podrán presentar enmiendas.

La norma no especifica el importe que debe tener esta cuenta para imprevistos ni las condiciones para su uso. Esto provoca que las comunidades registren en sus presupuestos una cuenta sin destino definido y que pueden terminar usando a su antojo.

La nueva ley contará probablemente con el rechazo del PSOE, porque endurece los objetivos de déficit respecto a lo acordado por los dos partidos mayoritarios el verano pasado, cuando aprobaron introducir el artículo 135 en la Constitución, que limita el déficit y la deuda pública. Entonces ambos grupos pactaron que el déficit estructural no podía superar el 0,4%. Sin embargo, ahora el Gobierno va más allá e impide cualquier nivel de déficit. La norma prevé un periodo transitorio hasta 2020 para cumplir los objetivos marcados. Para entonces, el límite de deuda del conjunto de las Administraciones no podrá superar el 60% del PIB (44% para el Estado, 13% las comunidades y 3% los ayuntamientos).

La norma también ha despertado recelos en algunos territorios porque el Gobierno se reserva la capacidad de intervenir en aquellas comunidades manirrotas que incumplan reiteradamente los objetivos. A aquella Administración que rebase los límites fijados deberá fijar un depósito del 0,2% de su PIB, y si el incumplimiento se mantiene durante varios trimestres, el Estado podrá ejecutar dicho depósitos.