Moratoria de austeridad
Un país como España que va a generar 630.000 parados más durante 2012 (con el coste correspondiente en el seguro de desempleo), que va disminuir su producción en el 1,7%, y que observará, impotente, como caerá su demanda nacional casi un 5% haga lo que haga el Gobierno —pues este ha dicho que sus reformas son a medio plazo y que las medidas tomadas y por tomar no tendrán efecto en este ejercicio— se ha comprometido, por exigencias externas, a bajar al mismo tiempo su déficit público en unos porcentajes agónicos para el bienestar y la protección social de su población.
Ello parece ir contra el sentido común y contra la experiencia de lo practicado cuando los ciclos económicos están en su parte más baja. Si la reducción del déficit se queda definitivamente en lo que pretende Rajoy (pasar del 8,5% al 5,8% del PIB), el ajuste costará unos 27.000 millones de euros; si quienes vencen en el pulso son los halcones de Merkel, el sacrificio será de más de 40.000 millones.
Para contextualizar el grado de esfuerzo de las finanzas públicas españolas en una u otra versión, recuérdese que el Gobierno acaba de aprobar un límite de lo que puede gastar dentro de los Presupuestos Generales del Estado de 2012 de 118.000 millones de euros.
En una recesión como la que padece España, con la cifra de parados más grande de su historia, de los cuales el 40% son de larga duración, con 1,7 millones de desempleados que ya no ven entrar en sus hogares ningún tipo de ingreso público, con el 50% de sus jóvenes menores de 25 años sin expectativa alguna de futuro, reducir el déficit de modo compulsivo, como se pretende, es contraproducente además de acelerar las tensiones sociales.
El desempleo ha llegado en febrero, en la eurozona, a su nivel más elevado en los últimos 15 años
El intelectual francés Alain Minc declaraba hace unos días (Babelia, 25 de febrero): “Los economistas jamás serán sabios. Ellos son expertos que la opinión pública quiere abusivamente transformar en profetas. Pero son expertos que carecen de un pensamiento global sobre la sociedad”. Es discutible la generalización, pero la política económica que se pretende perpetrar en una Europa en la que, según los últimos datos de Eurostat, el paro ha llegado en febrero a su nivel más alto de los últimos 15 años, da la razón a Minc: la economía y la sociedad caminan por rutas diferentes.
Una idea-fuerza común basada exclusivamente en la austeridad, sean cuales sean las condiciones macroeconómicas y sociales de cada uno de los países de la eurozona, además de violentar el segundo concepto incluido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, olvida las lecciones de la historia económica más reciente y de lo que se está haciendo para salir de la crisis en EE UU y otras zonas del mundo. Por otra parte, se siga la ruta trazada por Rajoy o la de Bruselas, la operación de consolidación fiscal tiene una estación término calificada de “sagrada” por unos y otros: para 2013 el objetivo de déficit público será del 3% del PIB. Nueva vuelta de tuerca.
Dado que España está integrada en la disciplina del euro y que, por consiguiente, sufre en su cuerpo social la existencia de una “camisa de fuerza dorada” (Thomas Friedman) en forma de una limitación exterior a su política económica, lo lógico hubiera sido que en esta coyuntura tan mala el déficit público no se hubiera movido. Una moratoria de austeridad. Como el Gobierno de Rajoy en sus medidas de choque ya ha hecho el gasto político de ajustar la economía (mediante un aumento a la sueca de los impuestos directos y una reducción de gasto público) en 1,5 puntos del PIB, la propuesta más sensata hubiera sido dejar el déficit donde está, en el 7% del PIB, sin nuevas tandas de sacrificios adicionales.
¿Lo hubieran permitido en Bruselas? Seguramente, no. ¿Hubiera tenido todavía más efecto en la prima de riesgo? Quizá, sí. Pero al menos se hubieran puesto las bases para un debate público sobre el grado y el ritmo del ajuste, y sobre las preferencias de los ciudadanos en el tipo del mismo. Algo que hasta ahora solo ha pertenecido al territorio de los economistas que se autodenominan a sí mismos ilustrados. Esos a los que se refería Alain Minc.
