Combatir la dualidad: ¿misión imposible?

La nueva reforma laboral reproduce dos tipos de medidas que, a priori, podrían reducir nuestra tasa de temporalidad: se reduce la brecha de indemnizaciones por despido entre los contratos temporales e indefinidos y se pretende facilitar el uso de la flexibilidad interna en las empresas. Veremos cómo se llevan ambas a la práctica, pero no dejan de seguir el mismo camino emprendido en reformas anteriores. La contratación temporal y la no renovación seguirán siendo la opción más barata de ajuste para las empresas. Por ello parece razonable esperar que estas medidas no sean de nuevo suficientes.

Nuestro mercado de trabajo requiere de cambios a medida para combatir la cultura de la dualidad instaurada desde hace décadas en nuestro país y que nos ha costado tanto perjuicio social y económico. Para atacar de frente este problema, no quedan muchas más opciones que cambiar radicalmente el sistema contractual actual para que no existan contratos con distintas duraciones y diferentes indemnizaciones por despido. La solución pasa por un sistema mucho más simple, con un único contrato para todas las nuevas contrataciones (con la excepción de los contratos de interinidad), en el que la protección del trabajador dependa de su antigüedad, de forma progresiva, sin aumentos demasiado bruscos por cada año de servicio adicional en la empresa.

El mercado de trabajo requiere de cambios para combatir la cultura de la dualidad

Por otra parte, al igual que la reforma de 2010, queda pendiente el desarrollo de un fondo de capitalización a la austriaca. Complementar el contrato único con este fondo no tiene por qué suponer en la práctica una solución más costosa para las empresas si se diseña adecuadamente, y reportaría, por el contrario, importantes beneficios para los trabajadores aumentando significativamente la duración de los periodos de empleo a lo largo de su vida laboral. Adicionalmente, un sistema de bonus-malus en las cotizaciones a la Seguridad Social, que penalice o recompense a las empresas en función de sus tasas de rotación laboral, evitaría los actuales abusos del seguro de desempleo.

Sobre el papel estas soluciones son factibles. Para evitar la posible inconstitucionalidad del contrato único, bastaría con instaurar dos escalas de indemnización, una para despidos procedentes y otra para improcedentes. Otra cosa es que sean posibles en la práctica por razones de economía política. La regulación contractual ha generado elevadas rentas para nuestros agentes sociales y para otros miles de intermediarios, un sector de la economía que vive del gran negocio de la temporalidad.

José Ignacio Conde-Ruiz (Universidad Complutense de Madrid), Florentino Felgueroso (Universidad de Oviedo) y José Ignacio García-Pérez (Universidad Pablo de Olavide). Los tres son investigadores de Fedea.