El Gobierno intentó tumbar el convenio de la construcción con efecto retroactivo

Empleo rectifica y registra el acuerdo, pese a que advirtió que no se ajustaba a la ley

Obras de construcción del puente nuevo sobre la bahía de Cádiz. / Eduardo Ruiz

Al Gobierno no le gusta el convenio de la construcción que los sindicatos y la patronal (CNC) firmaron tres semanas antes de aprobarse la reforma laboral. Consagran una estructura de convenios que choca frontalmente con la que el Ministerio de Empleo aprobó después. Con este argumento retroactivo el Ejecutivo ha intentado rechazar este pacto y forzar un cambio. De no hacerlo, “se procederá al archivo del expediente”, explica en la nota que Empleo remitió a los agentes sociales el 16 de febrero. UGT, CC OO y CNC rechazan cambio alguno, argumentan que su pacto se ajustaba a la legislación vigente y que no es competencia del Ministerio decidir si un convenio es legal o no. Sin embargo, Empleo ha decidido cambiar su posición: fuentes del departamento han asegurado que tiene previsto registrar el convenio el jueves, para que luego sea publicado.

La reforma laboral prioriza los convenios firmados en las empresas sobre los demás. Y, al contrario que la última reforma de la negociación colectiva, no permite que un pacto alcanzado en un sector estatal o autonómico se sitúe por encima. El Gobierno había anunciado sus intenciones. Era uno de los buques insignia de su reforma laboral. Esto no gustaba ni a la CNC ni a los sindicatos mayoritarios, UGT y CC OO, que defienden una estructura de la negociación colectiva asentada en un convenio sectorial para toda España y convenios provinciales.

Para tratar de soslayar la nueva reforma laboral y defender su estructura tradicional, los agentes sociales aceleraron sus conversaciones y dieron “prioridad aplicativa absoluta” del convenio estatal sobre los demás del sector. Firmaron el pacto el viernes 20 de enero por la mañana. El lunes siguiente ya estaban dando entrada al nuevo convenio en la Dirección General de Empleo.

Fue un esfuerzo baldío, al menos por lo que respecta a la estructura de los convenios. Como explica el catedrático de Derecho del Trabajo Tomás Sala-Franco, los convenios no están por encima de la ley. Si uno choca en algún punto con la norma, este decae y prevalece la ley.

Si el ministerio cree que un convenio es ilegal, tiene que acudir al juez

Pero esto no ha bastado al Gobierno, que ha reclamado cambios para adaptar el convenio a la nueva ley. “Durante la tramitación del expediente administrativo ha tenido lugar la modificación del Estatuto de los Trabajadores”, explica la nota, que concluye solicitando el cambio porque la redacción actual “no se ajusta” a la norma.

A primera vista, la reclamación del Ejecutivo puede parecer lógica, pero en el derecho laboral todo se complica. Cuando CNC, UGT y CC OO firmaron un convenio que se atenía a la ley vigente, y por tanto el ministerio tiene la obligación de registrarlo y publicarlo. Así que se han negado a hacer cambio alguno, sobre todo los sindicatos, apuntan fuentes del sector.

Además, el Estatuto de los Trabajadores establece que si la autoridad laboral aprecia que un convenio no se ajusta a derecho, lo que tiene que hacer es dirigirse a los tribunales, en este caso la Audiencia Nacional.

“Consideramos que el ministerio se ha excedido en sus competencias”, explicaban este miércoles desde CC OO. También UGT y la CNC consideraban que el Ministerio de Empleo se había equivocado con su actuación y le pedían que rectificara.

Desde Empleo, pasadas las ocho de la tarde del miércoles, se informaba de que habían decidido cambiar su posición y publicar el convenio. No obstante, fuentes del sector explicaban que todavía no habían recibido ninguna comunicación oficial en este sentido.

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