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El Gobierno pide medidas a la banca para flexibilizar los desahucios

Las entidades dicen que colaborarán y los afectados desconfían de la propuesta

Luis de Guindos y Cristóbal Montoro, conversan durante el Pleno del Congreso.
Luis de Guindos y Cristóbal Montoro, conversan durante el Pleno del Congreso. EFE

A medida que pasaban las horas se fueron desinflando las expectativas levantadas a primera hora por la propuesta del Gobierno para paliar los desahucios. En un principio parecieron medidas de calado, pero el análisis posterior las rebajó a unas propuestas poco concretas que están pendientes de un acuerdo con la banca que no tiene fecha determinada.

El Gobierno salió este miércoles al paso del escándalo social que provocan los desahucios de familias sin recursos por el impago de las hipotecas, que ya cuenta con más de 150.000 afectados y 328.000 procedimientos iniciados. El ministro de Economía, Luis de Guindos, presentó en el Congreso las líneas maestras de un acuerdo que negocia con la banca entre las que existen recomendaciones —que se incluirán en un futuro código de buenas prácticas— y medidas legales. Entre las peticiones está que se retrase dos años el desalojo de las familias desahuciadas y sin ingresos. También que se admita la dación en pago —el canje de la hipoteca con la entrega del inmueble— “para quienes la vivienda sea su única propiedad y exigirles algo más sería excesivo”, dijo Guindos.

Las propuestas van dirigidas a propietarios de la primera vivienda con todos los miembros de la familia en paro y que no tengan rentas adicionales

El ministro avanzó que propondrá que las cuotas pagadas reduzcan el capital pendiente y no los intereses. Otra medida sugerida es que “los gastos y las costas” del proceso de desalojo, “en ocasiones muy elevadas, también sean objeto de moderación”, según Economía. Se recoge también que cuando la vivienda sea una garantía insuficiente para cubrir el préstamo, la entidad cubra parte de la deuda. “Se trata de que la entidad corrija el error o la situación de no buena voluntad por la que se ha hecho una deficiente tasación”, acusó Guindos.

Para incentivar la adopción del código, el Ministerio podría deducir fiscalmente las pérdidas en que incurran las entidades. La adhesión al código será pública.

En cuanto a los cambios legales, Guindos adelantó que se reducirán los intereses moratorios, ya “que son claramente excesivos”, justificó. El colectivo al que van dirigidas estas propuestas son: propietarios de la primera vivienda con todos los miembros de la familia en paro y que no tengan rentas adicionales o que sean insuficientes para hacer frente a la deuda.

Guindos no se comprometió a una fecha de implantación porque el problema se trata entre su ministerio, el de Justicia y la banca

El Gobierno hizo esta declaración de intenciones en respuesta a una pregunta de Joan Coscubiela, de Iniciativa per Catalunya Verds, que pidió “medidas concretas para acabar con el abuso de las entidades”, después de que el problema de los desahucios llevara dos años en el Congreso sin que se tomen medidas efectivas. Guindos no se comprometió a una fecha de implantación porque el problema se trata entre su ministerio y el de Justicia, así como con el sector.

La Asociación Española de Banca (AEB) prefirió no tomar una posición, prueba de que había levantado algún recelo entre sus asociados. “Tenemos que mirar la letra pequeña y luego hablaremos”, comentó un ejecutivo. En principio, había optimismo porque el plan era voluntario y dirigido a un colectivo determinado. Pero algunos creen que puede provocar efecto llamada y que se multipliquen los impagos. La patronal AEB ya se había mostrado en contra de la dación en pago y del cambio del marco hipotecario, sobre todo si tenía efectos retroactivos. En su opinión, están en juego billones de euros en titulizaciones hipotecarias “emitidas con unas condiciones que no se pueden cambiar de golpe porque podría crear inseguridad jurídica”.

Las grandes entidades se remitieron a los planes anunciados hace meses que incluyen protocolos para evitar desahucios. Todos coincidieron en que el desalojo es la peor solución “por el drama humano y los enormes gastos que suponen en gastos judiciales, de comunidad y desperfectos”. El Santander ha refinanciado hipotecas a 8.000 familias desde agosto hasta hoy por valor de 1.390 millones. El BBVA habló de más de 100.000 reestructuraciones.

La Confederación de Cajas (CECA) emitió una nota en la que compartía “con el Gobierno el objetivo de solucionar los problemas de los desahucios de personas en riesgo de exclusión”. Caixabank cifró en 176.213 las carencias, moratorias y reestructuraciones hechas entre 2009 y 2011.

La asociación Afectados por la Hipoteca, una de las más relevantes, criticó que “casi todo quede en recomendaciones que puede que no se traduzcan en nada. El Gobierno debe legislar pensando en las personas o en la banca, no hay camino intermedio”, afirmó Adrià Alemany, de la asociación, que desconfía de las grandes entidades: “Según nuestros datos, Bankia, Santander, Caixabank, CatalunyaCaixa y Banesto son los que más desahucios realizan”.