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La CEOE pide quitar la prestación a quien rechace cualquier oferta de empleo

Un alto cargo de la patronal pide que se endurezcan los criterios para cobrar la prestación Exige que se deje sin ayuda a quien rechace la primera oferta de empleo que se le ofrezca

El secretario general de CC OO de Cataluña, Joan Carles Gallego (a la izquierda) , y José Luis Feito, presidente de la Comisión de Política de Economía Financiera de la CEOE
El secretario general de CC OO de Cataluña, Joan Carles Gallego (a la izquierda) , y José Luis Feito, presidente de la Comisión de Política de Economía Financiera de la CEOEEFE

El presidente de la Comisión de Economía y Política Financiera de la patronal CEOE, José Luis Feito, ha valorado hoy que uno de los efectos beneficiosos de la reforma laboral será la creación de empleo con crecimientos bajos, del 1%, cuando hasta ahora es necesario que, según sus cálculos, la economía avance a un ritmo de entre el 2,5% y el 3%, para ello.

Feito ha abogado, además, por abordar cuestiones eludidas como el subsidio de desempleo, que debe ser retirado al beneficiario en cuanto no acepte la primera oferta de empleo. Ha remarcado que en el resto de países europeos es "inconcebible" que los desempleados cobren paro si han recibido una oferta de trabajo. "Como si es en Laponia", ha subrayado. Por otra parte, ha defendido que eliminar puestos de trabajo en las Administraciones no generará más paro, pues liberará fondos públicos para pagar a proveedores y que éstas puedan volver a contratar.

La patronal de patronales ha alabado la reforma laboral acometida por el nuevo Gobierno en los últimos días, aunque en distintas ocasiones ha aprovechado para exigir algunas medidas más. Así, el presidente de CEOE, Juan Rosell, elogió la semana pasada los cambios en materia laboral, aunque admite que la reforma "no va a crear empleo por decreto". Pero en declaraciones a Antena 3 destacó que va a "intentar oxigenar, clarificar el mercado laboral en España para intentar posteriormente, después de un periodo sin crear empleo, intentarlo en el futuro".

La normativa laboral (ya antes de la reforma) establece que los trabajadores en paro que reciban prestación no pueden rechazar empleos "salvo causa justificada". Las causas, sin embargo, no aparecen especificadas. En el Servicio Público de Empleo se explica que los perceptores de prestación deben firmar un compromiso de actividad, que les exige "buscar activamente empleo, aceptar una colocación adecuada y participar en acciones específicas de motivación, información, orientación, formación, reconversión o inserción profesional para incrementar su ocupabilidad, así como de cumplir las restantes obligaciones previstas en la normativa que regula las prestaciones por desempleo".

El servicio público de empleo tampoco especifica qué se entiende por una "colocación adecuada". Sin embargo, recuerda que incumplir el compromiso de búsqueda activa si se recibe una prestación contributiva, "conlleva efectos sancionadores como infracción leve". Las faltas leves suponen un mes de suspensión en la prestación, y "en el caso de reincidencia, la segunda infracción se sancionará con la pérdida de la prestación durante tres meses, la tercera infracción, con la pérdida de la prestación durante seis meses y la cuarta infracción con la extinción del derecho a la prestación". En cuanto a rechazar una "oferta de empleo adecuada" supone una infracción grave, lo que significa la pérdida de prestación tres meses, y la extinción de la prestación en caso de reincidencia. 

José Luis Feito, preguntado sobre si el Ejecutivo abordará cambios en el sistema de prestación por desempleo, Feito ha descartado que estas modificaciones se contemplen en los presupuestos de este año, pero ha confiado en que se traten el año que viene.

El presidente de la Federación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, se ha mostrado contrario a las palabras de Feito. Ha reconocido que no se "identifica" con la idea de retirar prestaciones si no se acepta la primera oferta y ha apostado por el "diálogo y el acuerdo" para buscar soluciones tanto al paro, como a su coste económico, que asciende a 39.000 millones de euros en prestaciones, según sus cifras. "Pero no quitando derechos, sino evidentemente dando empleo", ha matizado.

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