Hacienda investiga a Rafael Nadal y le obliga a cambiar de domicilio fiscal

Sus sociedades tributaban en el País Vasco sin que tuvieran allí su actividad

Rafael Nadal, el pasado martes durante la recepción en Moncloa a los ganadores de la Copa Davis

El partido ha sido muy largo, ha durado más de dos años y se ha jugado en los despachos y sin espectadores, pero al final la victoria silenciosa ha sido de la Agencia Tributaria. Las sociedades del tenista Rafael Nadal, que entre 2005 y 2011 movieron 56 millones de euros, solicitaron el pasado 23 de diciembre el cambio de domicilio desde el País Vasco a Manacor (Baleares).

El entramado societario de Rafael Nadal ha disfrutado de domicilio fiscal en San Sebastián (Gipuzkoa) durante seis años beneficiándose de un régimen especial de esa comunidad sin que las actividades de sus sociedades ni su gestión se desarrollaran en esa ciudad, según una investigación de la Agencia Tributaria. El pasado mes de diciembre, inspectores de este organismo y el asesor fiscal del deportista llegaron a un acuerdo por el que Nadal pidió el cambio de domicilio y rellenó el formulario 036, el obligatorio para hacer efectivo el traslado.

El acuerdo implica la regularización del tenista en sus pagos a la Agencia Tributaria a la que sus sociedades no habían cotizado durante ese periodo y que ahora le ha obligado a pagar varios millones de euros, según fuentes de la inspección tributaria. Un portavoz del tenista declina dar la cifra y admite que las sociedades han trasladado su domicilio a Baleares “no habiéndose beneficiado como consecuencia de ese traslado de lo previsto por el régimen fiscal anterior”. Además, añade que el deportista y sus sociedades “se hallan al corriente de pago de todas las obligaciones tributarias”. Como persona física, Nadal siempre ha tenido su residencia fiscal en Baleares, su lugar de nacimiento.

El tenista ha regularizado su situación y pagado varios millones

La investigación sobre el domicilio fiscal de las sociedades de Nadal se enmarca en un programa de la Agencia Tributaria por el que lleva más de cinco años husmeando a centenares de sociedades radicadas en el País Vasco y Navarra que simulan desarrollar su gestión y actividades en esas comunidades para beneficiarse de una fiscalidad, que en ocasiones llega a ser casi inexistente. Las de Nadal tenían ese perfil, según aseguran fuentes cercanas a la investigación.

“La ley es muy clara: el domicilio social debe estar donde se desarrolle la actividad y la gestión. Rafael Nadal es un gran deportista, gana su dinero honradamente, pero a San Sebastián solo venía a comerse el chuletón. Le han asesorado mal porque sus sociedades nunca debieron estar aquí”, asevera una fuente de la Agencia Tributaria.

Sus activos ascendían a 56 millones de euros y abonaba el 1% de impuestos

Las sociedades de Nadal se establecieron en Gipuzkoa en 2005 y 2006 supuestamente como sociedades de promoción empresarial (SPE), un instrumento utilizado durante el Gobierno del PNV en el impuesto sobre sociedades de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. En el resto de España esta figura fue derogada. El artículo 60 de la ley establece que las SPE son sociedades dedicadas a actividades de carácter empresarial cuyos títulos no coticen en Bolsa. Se les exige un capital social mínimo de tres millones de euros y una permanencia de cinco años. La Hacienda Foral de Gipuzkoa decide a qué sociedad le corresponde esta catalogación.

Los impuestos de estas sociedades son mínimos, en ocasiones menores al 1%, lo que provocó la fuga de numerosas empresas hacia el País Vasco atraídas por lo que algunos califican como un territorio offshore o paraíso fiscal. En 2010 una comisión de investigación de las Juntas Generales recomendó su eliminación y ahora el Gobierno de Bildu las cuestiona. “No es una figura que guste al actual ejecutivo, estamos estudiando qué hacer con ella, pero no vamos a dar ningún detalle más”, responde un portavoz de la Hacienda guipuzcoana.

Se estima que en Gipuzkoa hay unas 100 sociedades que lograron este privilegio fiscal. Las de Nadal estaban en ese grupo, según aseguran varias fuentes. El tenista no ha facilitado detalle sobre sus sociedades, pero las tres (Debamina, SL, Goramendi Siglo XXI y Aspemir, SL) tienen un capital social casi idéntico al que exige la normativa vasca para ser catalogada como SPE. Su objeto social es el fomento, promoción y participación en empresas, casi calcado al de las privilegiadas sociedades de promoción empresarial.

Debamina, SL, es la cabeza del grupo. Su primer domicilio estuvo en el número 4 de la avenida de Barcelona en San Sebastián y el administrador único es Sebastián Nadal, el padre del tenista. El deportista es el titular del 99,35% del capital. Debamina, SL, ostenta el 100% de Aspemir, SL, una sociedad limitada unipersonal, solo tiene un socio, y esta controla Goramendi Siglo XXI.

Según las últimas cuentas declaradas al Registro Mercantil el activo total de Aspemir se eleva a 56 millones de euros y sus beneficios ascienden en ese año a 19.808.112 euros por los que pagó 10.319 euros de impuestos. Del análisis de sus cuentas se deduce que durante estos años y mediante métodos de compensación, las sociedades pagaron porcentajes muy bajos, inferiores al 1%. El impuesto de sociedades en la Hacienda estatal es del 30%. “Es un tema privado. No vamos a decir lo que ha pagado”, responde el portavoz de Nadal.

Durante su permanencia en el País Vasco las sociedades de Nadal acogieron en sus Consejos de Administración a José Antonio Lopetegui Agote, promotor gipuzkoano y hermano del exportero del Barcelona y de la selección española Julen Lopetegui, y a Miriam Lopetegui. Los Lopetegui mantienen una estrecha amistad con los Nadal.

El caso de Nadal es similar al del productor José Luis Moreno. Los inspectores de la Agencia Tributaria comprobaron en 2008 que Miramón Mendi, SA, su principal empresa y la primera productora de televisión en España, no desarrollaba en el País Vasco ninguna de sus actividades. La investigación duró dos años y se inició con una visita al número 18 del paseo de Andoain, en San Sebastián, que figuraba como domicilio social donde llevaba 13 años. Moreno atendió al requerimiento, regularizó sus pagos y trasladó a Madrid el domicilio social de sus sociedades. Ahora, le ha tocado a Nadal.

La opacidad de las SPE

Las Sociedades de Promoción de Empresas (SPE) estuvieron en el punto de mira al estallar el fraude de la empresa Glass Costa Este Salou, firma catalana de la que era socio el exdirector de Hacienda y exsenador del PNV Víctor Bravo. Mediante este instrumento la sociedad estableció su domilicio fiscal en San Sebastián sin que sus actividades ni su gestión estuvieran en esa comunidad. Una comisión de investigación de las Juntas Generales pidió por unanimidad en 2010 la desaparición de las SPE y elaboró un informe en el que se concluye que este régimen especial carece de transparencia, facilita el endeudamiento y abre la puerta a la participación de paraísos fiscales. Alava y Vizcaya, controladas por el PNV, impieron entonces su desaparición.

Gorka Maneiro, de 36 años, parlamentario de UPyD y asesor fiscal, asegura que ha habido “manga ancha” en la concesión de este instrumento y afirma que es “un saco por el que se le ha ido mucho dinero al Estado, un engaño al conjunto de los ciudadanos. Las SPE no pagan practicamente impuestos y tampoco cumplen con el objeto de estimular la creación de empresas. Hay que suprimir este régimen especial”.

El lehendakari, Patxi López, se muestra partidario de revisar las bonificaciones en la normativa tributaria de las Diputaciones y alcanzar “una presión fiscal justa”. En 2010 los incentivos concedidos a 115 sociedades acogidas a esta figura costaron 600 millones a la Hacienda de Guipúzcoa.

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