La reforma laboral tendrá un coste de 208 millones durante el primer año

El Gobierno calcula que el impacto presupuestario de la reforma laboral ascenderá a 208,31 millones de euros durante su primer año de aplicación, según la memoria económica del decreto aprobado la semana pasada. El Ejecutivo llega a esta cifra a partir del análisis del coste directo derivado de las bonificaciones por contratación, junto a otras medidas concretas.

Así, estima que 55.700 jóvenes (la mitad de cada sexo) se beneficiarán de las bonificaciones de fomento de la contratación indefinida, con un coste de 19,64 millones el primer año. Para las ayudas a la contratación de los mayores de 45 años (13.250 beneficiados, un 55 % hombres y un 45 % mujeres) el coste será de 6,20 millones de euros.

En cuanto a las conversiones de contratos temporales en indefinidos, se estima un número de beneficiarios de 11.000 (un 53 % hombres y un 47 % mujeres), con un coste de 6,20 millones de euros. Por su parte, las reducciones de cuotas en los contratos para la formación y el aprendizaje, que será de aplicación para unos 28.800 contratos al año, tendrá un impacto presupuestario de 10,83 millones.

En relación a la reposición de prestaciones por desempleo, se estima un número de beneficiarios de 28.200, con un coste de 122 millones. Por su parte, las bonificaciones por suspensiones -con un número estimado de beneficiarios de 141.553- supondrán un gasto de 46 millones en su primer año.

En lo que se refiere al impacto económico de reducir las cuotas para los contratos para la formación y aprendizaje de trabajadores de 16 a 20 años, supone una menor recaudación anual a la Seguridad Social de 6,89 millones.

Asimismo, según añaden fuentes jurídicas, el Gobierno ha preferido aplicar los despidos colectivos en el sector público antes que establecer otras medidas para redimensionar una plantilla formada por cerca de 850.000 trabajadores.

En la memoria económica utilizada para elaborar el decreto ley de la reforma laboral se indica que los expedientes de regulación de empleo (ERE) en el sector publico se completarán "con la prohibición de que lleven a cabo suspensiones de contratos o reducciones temporales de jornada".

Las fuentes jurídicas consultadas han indicado que esto implica que las empresas públicas podrán aplicar ERE "extintivos y no podrán acogerse a medidas incluidas en la legislación laboral, como los ERE temporales o por reducción de jornada para ajustar su plantilla (unos 700.000 trabajadores considerados personal laboral y 150.000 empleados de empresas públicas).

Según la memoria, esta particularidad se justifica porque el Gobierno busca el "redimensionamiento de aquellas estructuras administrativas que crecieron desmesuradamente durante la fase de fuerte crecimiento económico y que no son sostenibles desde un punto de vista financiero en el momento actual, sin que exista una previsión de que lo sean en los próximos años".

Además, en ese documento, el Gobierno reconoce que el "objetivo esencial" de la reforma es reconducir la mayor parte de los despidos hacia los despidos colectivos y objetivos procedentes (20 días de indemnización).

Respecto a los planes de formación, se elimina el monopolio de las organizaciones sindicales y empresariales y se abre a centros acreditados que podrán ejecutar dichos planes a nivel estatal y autonómico y optar por subvenciones antes reservadas a los agentes sociales.