Debilidades de la reforma

La reforma financiera patrocinada por el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, pierde lustre y fuelle a medida que se examina con detalle su alcance y contenido. A pesar de las entusiastas alabanzas procedentes de los analistas de guardia en Reino Unido, ya está claro que el supuestamente ímprobo esfuerzo de saneamiento que recoge la letra de la reforma (unos 50.000 millones, que podrían ser más en función de la persistente depreciación de los activos inmobiliarios) queda reducido prácticamente a la mitad, puesto que la letra pequeña de la reforma aparece minada con recovecos y soluciones contables que permiten disminuir el peso de la corrección de los balances. Los efectos curativos no van a ser tan drásticos como se quiere transmitir desde el Ministerio de Economía. Pero, además de la rebaja de expectativas correctoras, la nueva ordenación financiera presenta algunas debilidades de mayor cuantía que deben tenerse en cuenta para su calificación global.

Si el objetivo del ministerio al fijar las nuevas condiciones de cobertura de los activos inmobiliarios era restablecer rápidamente el crédito, conste que de esta forma no se va a conseguir a corto plazo. Puede discutirse con provecho, y habrá razones de peso para cada criterio, si hay que provisionar el 80% o el 50% del suelo y las promociones inmobiliarias que lastran los balances bancarios; o si la estrategia adecuada es compensar de una vez los activos, o hacerlo de forma más pausada, con un calendario de depreciación atento a las variaciones del mercado; puede discutirse además si los intermediarios financieros internacionales van a aceptar el nuevo plan de cobertura rápida o si, por el contrario, se mantendrán en la suposición de que el valor de esos activos se aproxima a cero. Pero en lo que no cabe discusión es que un aumento de las provisiones causa un descenso del crédito. No es aceptable el salto en el vacío del Gobierno, que identifica sin más un saneamiento rápido de los balances con una recuperación inmediata de los préstamos. Por el contrario, el crédito tardará más en fluir y este retraso prolongará o agudizará la recesión. Así que conviene deflactar los rotundos mensajes iniciales, empeñados en dar por cierto que esta reforma financiera terminará ipso factocon la sequía del crédito, y atenerse a interpretaciones más prudentes.

La vertiente de las fusiones tampoco parece trabajada con suficiente esmero. Como las exigencias de saneamiento no son tan drásticas como amenazaba el Gobierno, tampoco hay que contar con un incentivo perentorio a la concentración. Pero es que en la reforma de Guindos el mal de fondo sigue sin corregirse; es decir, las decisiones de fusión no están sometidas al criterio de un bien superior. La concentración de cajas o bancos tiene sentido si el balance de la entidad resultante es sustancialmente más sólido que el de cada una de las entidades fusionadas. Pero da la impresión de que el Gobierno no está dispuesto a exponer e imponer este criterio. Una de las vías más seguras para anular cualquier beneficio de la reforma es que de nuevo se permitan fusiones entre entidades dañadas o agrupaciones regionales cuya única función sería la de ventanillas financieras de las autonomías. Como sucedió en Valencia, con los efectos de ruina y devastación pública ya conocidos.