El Gobierno exigirá dar más crédito a las entidades que reciban dinero público

El Gobierno exigirá a las entidades que se fusionen y tengan ayudas del Estado que den más créditos, según ha avanzado el ministro de Economía, Luis de Guindos. Con esta medida, el Ejecutivo confía en cumplir con el objetivo último de la reforma financiera que ha anunciado hoy el ministro: reactivar la financiación a empresas y familias a través del saneamiento y la consolidación del sector.

Para acudir a las ayudas públicas, tal y como ha explicado Guindos, las entidades primero deben de fusionarse. De hecho, el responsable del departamento ha defendido que la posibilidad de recurrir al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para sanearse es un atractivo en sí mismo para alentar las integraciones, pese a la exigencia de más crédito que lleva acarreada. Aunque hay otros incentivos claramente más beneficiosos para las entidades.

En primer lugar, los bancos que opten por unir sus fuerzas tendrán dos años en lugar de uno para cumplir con las dotaciones adicionales que ha fijado el Gobierno para hacer frente al deterioro de sus activos inmobiliarios. También, se les permitirá sanear estos créditos problemáticos contra su patrimonio, cuando al resto se les exigirá que lo hagan con cargo a los recursos propios de capital, que resulta más costoso en términos de beneficios.

Para concluir con los incentivos, Guindos ha destacado que, frente al sistema de ayuda a la reestructuración del anterior Gobierno, se amplían las posibilidades de financiación pública al que pueden acudir las entidades fusionadas. En concreto, ha resaltado que el Estado entrará en las entidades a través de bonos convertibles contingentes. Estos instrumentos son conocidos en el argot financiero como COCOS y, en esencia, son títulos de renta fija que en determinados condiciones de pérdidas de la entidad se pueden convertir en renta variable. Según Basilea III, computan como capital de alta calidad.

A cambio de la ayuda pública, los bancos fusionados deberán presentar "compromisos de ampliación del crédito", según la documentación del Ministerio, que por su parte garantiza que las operaciones tendrán el visto bueno del Ejecutivo en el plazo máximo de un mes.

Otra de las condiciones que fija el Gobierno para autorizar las fusiones, que tendrán que presentarse antes de finales de mayo y estar aprobadas por los órganos pertinentes de las entidades antes de octubre, es que la operación suponga un aumento del balance del 20%, aunque en algunos casos se admitirá que solo sea del 10%.

En opinión del ministro, la reforma y el saneamiento de los activos inmobiliarios que lleva acarreada "facilitará un mejor acceso de las entidades a los mercados de capitales y las situará en mejor posición para conceder crédito, aliviando la restricción financiera sobre el crecimiento económico y la creación de empleo".

Para garantizar este objetivo, Guindos ha añadido que el Gobierno pedirá a las entidades fusionadas un plan de viabilidad y analizará las medidas de gobierno corporativo con las que cuenta cada uno. El sentido de ello es que hagan posible "una rápida y eficiente integración".