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Tribuna
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La crisis de deuda puede superarse sin modificar el Tratado

La emisión de eurobonos es el camino más sencillo y rápido para conseguir mayor integración fiscal

Nos encontramos hoy, tres años después de la quiebra de Lehman Brothers, en una situación de pánico similar o peor en los mercados financieros, sin que haya habido quiebra alguna. La gestión de la crisis de la deuda soberana del área euro, desde que se destapó con Grecia en octubre de 2009, no ha podido ser peor. Prueba de ello es que es la primera vez en la historia que la expectativa de impago de un país que solo representa el 2% del PIB del área euro y el 0,5% del PIB mundial puede llegar a desencadenar una crisis casi global.

Primero. El diagnóstico ha sido erróneo al estar basado en que los países periféricos endeudados han sido unos manirrotos que han despilfarrado sus ingresos públicos, de ahí que tengan que hacer una necesaria contracción fiscal y reformas estructurales, pero pagando muy cara la ayuda de los demás. Así se consigue que devengan insolventes, puedan suspender pagos y contagiar a otros miembros solventes, olvidando además que Alemania y Francia incumplieron 14 veces el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) sin castigo alguno.

La mayor parte del aumento de su deuda se ha debido a la ayuda o rescate del sector privado financiero y no financiero, altamente endeudados tras años de tipos de intereses reales casi cero, y al funcionamiento de los estabilizadores automáticos. En España, estos últimos han generado dos tercios del aumento del déficit público.

Segundo. El problema actual es el bajo crecimiento del área euro. Por segunda década consecutiva es la región del mundo con menor crecimiento, pero está obligando a todos sus Estados miembros a hacer, simultáneamente, una contracción fiscal con efectos devastadores para su propio crecimiento.

Por segunda década consecutiva la zona euro es la región del mundo con menor crecimiento

Tercero. Siguen sin afrontarse los dos fallos originales del área euro. Para funcionar eficientemente, una unión monetaria necesita una unión fiscal mucho mayor que la actual, y el BCE debe ser un verdadero prestamista de última instancia. De haberse dedicado estos dos años a arreglarlos, se hubiera dado un paso de gigante en la integración europea, en el euro como moneda alternativa al dólar y en el peso relativo de Europa en el mundo. Sin embargo, se ha optado por exacerbar electoralmente el nacionalismo, ya casi olvidado, arriesgando que Europa pueda irse a pique. Si falla el euro, el mercado interno dejará de funcionar y, si este falla, la unión aduanera dejará de existir, y así nuestros líderes políticos podrían conseguir llevarse por delante sus tres pilares básicos y 53 años de integración europea.

Es verdad que es lento y difícil tomar decisiones entre 17 países tan democráticos como los europeos, pero han pasado ya dos años desde que empezó la crisis de deuda y lamentablemente solo se ha reaccionado tarde y mal.

Pero aún se está a tiempo de evitar la catástrofe si hay, por fin, un cambio de actitud. Hasta ahora se ha insistido en que resolver ambos fallos de diseño requiere modificar el Tratado de Lisboa. Sin embargo, y felizmente, los redactores del Tratado han sido unos expertos legales prudentes y flexibles que han intentado que pueda funcionar incluso en situaciones extremas con cláusulas de escape. Por ejemplo, se ha dicho que el BCE estaba incumpliendo el Tratado por comprar deuda de países solventes con problemas de liquidez en el mercado secundario. Sin embargo, la redacción del artículo 123 solo prohíbe al BCE la adquisición de deuda "directamente a los Estados miembros", es decir, en el mercado primario, pero no prohíbe su compra en el secundario, de ahí que no haya sido objetada por el tribunal de Karlsruhe.

Asimismo, el artículo 124, que prohíbe a los bancos el rescate financiero de un Estado miembro, incluye la condición "cuando no esté basado en consideraciones prudenciales". Finalmente, el artículo 125, que prohíbe el rescate de un Estado miembro por la Unión o por otro Estado o Estados miembros, establece que "sin perjuicio de las garantías mutuas para la realización conjunta de proyectos específicos". ¿Qué proyecto puede ser más específico y más importante ahora para Europa que intentar salvar la unión monetaria y de paso la UE?

La emisión de eurobonos es el camino más sencillo y rápido para conseguir una mayor integración fiscal, y no al revés

A pesar de esta alusión a las "garantías mutuas", se ha insistido en que la emisión de eurobonos incumple el artículo 125 del Tratado. Sin embargo, el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (EFSF) está ya emitiendo eurobonos con la garantía prorrata de los 17 países miembros, de acuerdo con su participación en el capital del BCE.

Se alega entonces que lo que realmente prohíbe el Tratado es que dicha garantía sea "conjunta y solidaria" de todos los Estados miembros. Sin embargo, junto con el EFSF también fue creado el Mecanismo Europeo de Estabilización Financiera (EFSM), con capacidad de financiarse hasta 60.000 millones de euros. Este fondo está gestionado por la Comisión Europea y emite eurobonos con la garantía de los 27 miembros de la UE y, en última instancia, con la del presupuesto de la Unión.

Por último, el Banco Europeo de Inversiones (EIB) tiene la garantía prorrata de los 27 Estados miembros de la UE, en la que los cuatro grandes (Alemania, Francia, Reino Unido e Italia) garantizan el 65% del capital, emitiendo cada año cerca de 100.000 millones de bonos en euros. Cuando Barroso habla de estar preparando varias alternativas de eurobonos es un signo claro de que son posibles sin cambiar el Tratado.

La emisión de eurobonos es el camino más sencillo y rápido para conseguir una mayor integración fiscal, y no al revés. Si hay eurobonos tiene que haber una institución que evite problemas de riesgo moral por parte de algunos miembros. Esa institución debería de ser un Tesoro Europeo que emita dichos eurobonos, que dosifique sus emisiones de acuerdo con el comportamiento fiscal de cada país y que imponga las sanciones necesarias. Dicho Tesoro tiene que ser comunitario y no intergubernamental, como el Pacto de Estabilidad, que no ha funcionado.

La emisión de dichos bonos sería paulatina, al ir el Tesoro intercambiando nuevos eurobonos por los bonos de los Estados miembros que vayan venciendo. Si la vida media de dichos bonos es de seis años, el proceso tardaría seis años. Podría ponerse un tope máximo al intercambio de deuda dejándola en el 60% del PIB de cada país, o podría dejarse a la discreción del Tesoro para evitar problemas de riesgo moral. Su mero anuncio acabaría con la especulación y el contagio.

Supongamos que, a pesar de que el Tratado permita que el BCE compre deuda y que puedan emitirse eurobonos con garantía conjunta y solidaria, no lo acepten los Estados miembros. Al permitir finalmente que el EFSF pueda comprar deuda de los Estados miembros en el mercado secundario, la siguiente decisión debería ser que el EFSF, que ya es una institución financiera, pueda convertirse en banco, con lo que el BCE podría darle financiación y liquidez siempre que la necesite, convirtiéndose el EFSF y el futuro ESM en prestamistas de última instancia de los Estados miembros con el apoyo del BCE.

De no aprobarse tampoco, entonces, el BCE, para evitar la catástrofe, se vería forzado a anunciar que garantizaría todos los vencimientos de la deuda soberana de los 17 Estados miembros. Este anuncio detendría, asimismo, la especulación y el contagio, y además no necesitaría siquiera demostrarlo, como ocurre cuando los Estados garantizan los depósitos bancarios para evitar las corridas de los bancos por sus depositantes. El coste de no resolver nada es cada día mayor.

Guillermo de la Dehesa es presidente del Centre for Economic Policy Research (CEPR).

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