El Gobierno de España ha recibido hoy el respaldo del Ejecutivo francés para mantener a su representante en el consejo del Banco Central Europeo. "Francia apoya con todas sus fuerzas que España mantenga un puesto", ha declarado el presidente francés, Nicolas Sarkozy, tras reunirse son el jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy.

El presidente español, por su parte, ha explicado que en la reunión que mantuvieron ambos mandatarios este mediodía le ha transmitido a Sarkozy su voluntad de que España siga manteniendo "como corresponde" una de las seis sillas del consejo del BCE cuando concluya el mandato de González Páramo.

El representante español en el consejo ejecutivo del Banco Central, José Manuel González Paramo, dejará la autoridad monetaria del euro el 31 de mayo y el Ejecutivo ya ha mostrado su intención de "pelear" para mantener un puesto en el máximo órgano de gobierno del instituto emisor.

La decisión de la nacionalidad del sexto miembro del consejo no es baladí. De hecho la salida de España y su eventual sustitución por un socio del norte rompería la mayoría que actualmente tienen los países del sur y de los periféricos en el órgano donde se toman las decisiones sobre los tipos de interés, clave para reactivar la economía, o sobre la controvertida compra de bonos de los países bajo presión y que levanta suspicacias en Alemania y en el resto de Estados de la línea dura como Austria u Holanda.

Así, frente a las dos sillas que ocupa Alemania con Peter Praet y Jörg Asmussen, las otras cuatro están ocupadas por un presidente italiano, Mario Draghi, un vicepresidente griego, Vítor Constâncio, un francés, Benoît Couré, y el propio González Páramo.

Además, la reciente rebaja de la triple A decidida por S&P sobre Francia podrá complicar las aspiraciones en tanto en cuanto solo uno de los cinco países presentes en el consejo conserva esta especie de matrícula de honor de la solvencia.

Por tanto, los países del norte y más próximos a las tesis ortodoxas de Alemania sobre la prioridad de controlar la inflación -único mandato oficial del BCE- o mantener limitada la compra de bonos -lo que es perjudicial para los periféricos-, podrían acabar por imponer la entrada de algunos de los Estados que mantiene la AAA como Holanda, Luxemburgo o Finlandia, pese a que el tamaño de sus economías es inferior.

La salida del máximo órgano del BCE supondría un varapalo para España, que ha ocupado este puesto habitualmente haciendo valer su condición de cuarta potencia del euro.