Anticorrupción ha decidido mover ficha en el escándalo de las indemnizaciones millonarias a directivos de las cajas de ahorros. La fiscalía ha abierto de oficio diligencias de investigación para esclarecer las circunstancias en que se ha producido el despido de la ex directora general de la Caja Mediterráneo (CAM), María Dolores Amorós, y si la adjudicación de una pensión vitalicia de 370.000 euros por su cese puede ser constitutiva de delito.

La investigación, avanzada ayer por la cadena SER, ha dado ya sus primeros pasos. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la documentación relacionada con el despido de Amorós, las actas en que figura el cese y los contratos de la directiva.

En los juzgados de Alicante y de Valencia ya figuran denuncias contra supuestas irregularidades en la gestión de la CAM que podrían tener trascendencia penal. También hay una denuncia en la Fiscalía General del Estado, pendiente de ser trasladada a Anticorrupción y otra en la Audiencia Nacional, que ha recaído en el juzgado de Fernando Grande-Marlaska. Ahora deberá ser Marlaska el que decida si es competente para hacerse cargo del caso. De ser así, las causas se acumularían en la Audiencia Nacional.

La ex directora general de la CAM se mantuvo en su puesto desde la entrada del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), el 22 de julio, hasta el 10 de agosto. Durante este último mes y medio Amorós únicamente cobró el sueldo estipulado en el convenio del sector, pero no los pluses inherentes al cargo de directora general.

Amorós fue despedida por el Banco de España por las irregularidades detectadas. Según fuentes cercanas a la entidad, el FROB consideraba que había realizado lo que se denomina "contabilidad creativa" en alguna operación concreta, cuyo resultado ha sido un beneficio para Amorós, que se había fijado un sueldo de unos 600.000 euros al año y la citada pensión vitalicia en caso de cese.

También se consideraba que Amorós presentó cifras falseadas de las cuentas de la caja con el objetivo de engañar al supervisor. El FROB cree que el despido era, por tanto, procedente y que no había lugar a la pensión de 370.000 euros. Amorós, sin embargo, negó cualquier irregularidad y anunció que reclamaría en los tribunales el cobro de su pensión, alegando que su actuación siempre ha sido "leal, recta, transparente y ajustada a derecho".

Junto a la antigua directora general, otros directivos de la CAM han dejado la entidad con indemnizaciones millonarias pese a que condujeron la caja a una situación de quiebra técnica. Roberto López, ex director general de 2001 a 2010, fue indemnizado con 3,8 millones al prejubilarse, además de otra cantidad millonaria en pensiones. El FROB le reclama el dinero judicialmente.

Las pérdidas de la CAM obligaron al Banco de España a inyectar 2.800 millones de capital, una cifra que el supervisor ha dado prácticamente por perdida. La CAM está en un proceso de subasta para ser adjudicada a otra entidad, pero las condiciones del proceso implican, previsiblemente, fuertes pérdidas, que serán asumidas por los Fondos de Garantía de Depósitos.

Las indemnizaciones multimillonarias también han provocado un fuerte escándalo en Novacaixagalicia, donde cuatro antiguos directivos han recibido indemnizaciones y pensiones por 40 millones pese a haber llevado a la entidad a la nacionalización ante su falta de solvencia.