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Primera denuncia contra la exdirectora de la CAM en la Audiencia Nacional

Un abogado murciano le atribuye los delitos de estafa y delito societario por falsear las cuentas y adjudicarse una pensión vitalicia de 370.000 euros

La "contabilidad creativa" puesta en marcha por la exdirectora general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), María Dolores Amorós, despedida fulminantemente por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) el pasado 28 de septiembre tras la intervención de la entidad por el Banco de España, es el principal argumento de la primera denuncia contra su exmáxima responsable y otros cargos de la caja presentada en la Audiencia Nacional. En ella, el abogado murciano Diego de Ramón atribuye a los directivos los delitos de estafa, falsedad documental y un delito societario. El caso está ya en manos del juez Fernando Grande-Marlaska, que decidirá en los próximos días sobre su admisión a trámite.

El escrito recoge las supuestas maniobras de Amorós para ocultar la pésima situación económica de la caja descubiertas por el supervisor que, según el denunciante, tenían por objeto "engañar a las autoridades monetarias del Banco de España para que [la entidad] no fuese intervenida". El abogado recuerda que la CAM presentó el pasado marzo unos beneficios de 38,9 millones de euros que en junio se convirtieron en 1.136 millones de pérdidas, lo que demostraría que tanto Amorós, como el resto de directivos, trataron de esconder "la debilidad financiera" y "los problemas de solvencia, liquidez y rentabilidad" de la entidad.

También se refiere a las retribuciones desmesuradas aprobadas por la dirección de la caja en noviembre pasado. Así , Amorós, además de la pensión vitalicia de 369.497 euros anuales, se adjudicó un sueldo de 593.040 euros. La denuncia acusa también a la exdirectora general de ocultar al consejo de administración de la caja la indemnización de 5,8 millones de euros que recibió el director general que dejó el puesto a la directiva despedida por el FROB, Roberto López Abad. Otros tres cargos -el director general adjunto, Agustín Llorca, el de participaciones empresariales, Joaquín Meseguer y el de recursos humanos, Vicente Soriano- percibieron prejubilaciones de dos millones de euros. Y de un millón y medio el director de la zona norte, Gabriel Sagristá.

La denuncia pone también el acento en la inactividad de los gobiernos de la Comunidad Valenciana y Murcia, que ignoraron año tras año la situación económica en la que se encontraba la CAM dejando de lado, presuntamente, sus competencias fiscalizadoras sobre las cajas.

Además de la presentada en la Audiencia Nacional, la fiscalía de Alicante ha recibido hasta el momento otras cuatro denuncias para determinar las supuestas responsabilidades de los antiguos administradores de la CAM. Fuentes del Ministerio Público aseguran que por el momento se encuentran congeladas a la espera del informe que prepara el Banco de España.