Selecciona Edición
Entra en EL PAÍS
Conéctate ¿No estás registrado? Crea tu cuenta Suscríbete

Novacaixagalicia destina 23,6 millones a pagar la salida de tres ejecutivos

Los nuevos directivos de la caja nacionalizada intentarán deshacer los contratos.- La vicepresidenta Salgado reconoce que los pagos son "inadmisibles"

El cambio de ejecutivos en las cajas de ahorros está desvelando algunas escandalosas indemnizaciones por despido, sobre todo porque se trata de entidades que han tenido que ser rescatadas con el dinero de todos los ciudadanos. El escándalo de las millonarias cifras que recibieron los ejecutivos de la Caja Mediterráneo (CAM), también intervenida, se repite en Novacaixagalicia, cuyo banco filial ha recibido una inyección de capital de 2.465 millones del Estado, que controla el 93,16%.

Desde el Gobierno, la vicepresidenta económica, Elena Salgado, ha admitido que estas retribuciones son "inadmisibles" y ha abogado por que sean supervisadas. "Personalmente me parece bastante inadmisible, pero legalmente habrá que ver si esas retribuciones se ajustaban a lo que se había dispuesto por parte del consejo y los estatutos", ha afirmado Salgado a su llegada al Ecofin que se celebra hoy en Luxemburgo en declaraciones recogidas por Efe. "Hemos hecho bien en que a partir de ahora las remuneraciones tengan que ser también supervisadas por el Banco de España", ha considerado con vistas al futuro.

Ante la llegada de José María Castellano y César González-Bueno, como nuevo presidente y consejero delegado, el anterior equipo ejecutivo pidió su prejubilación. Entre la indemnización y el coste del seguro que cubre el pago del sueldo íntegro hasta el fallecimiento del ejecutivo, la entidad ha destinado 23,6 millones para hacer frente a la salida de tres altos ejecutivos.

Así, a José Luis Pego, ex director general de Novacaixagalicia, le ha correspondido una indemnización de 10,8 millones por prejubilarse a los 54 años; al exresponsable del grupo inmobiliario, Gregorio Gorriarán, 7,5 millones y al ex director general adjunto, Javier García Paredes, 5,3 millones. A este último directivo le correspondían 10 millones, pero según fuentes próximas a Paredes, renunció a 4,7 millones porque le parecía una cantidad excesiva. Otras fuentes apuntan que Paredes tenía derecho a recibir 12 millones. Estos ejecutivos han pedido todo el dinero en un pago, incluyendo lo que les correspondía por el fondo de pensiones.

Otro responsable, el ex director general adjunto de la oficina de integración, Óscar Rodríguez Estrada, ha percibido 700.000 euros como indemnización, pero además cobrará mensualmente una pensión vitalicia. Se desconoce el coste total que supondrá para la entidad. Estos ejecutivos pueden trabajar en otras empresas.

Pero las indemnizaciones no acaban aquí. Hace un año también abandonó Caixa Galicia José Luis Méndez, el que fuera director general desde 1981 hasta 2010, nada más y nada menos que 29 años. Méndez tuvo que dejar la caja porque el Banco de España no le permitió continuar en la gestión de la entidad fusionada con Caixanova, ya que le hacía responsable de la delicada situación de Caixa Galicia. Se desconoce la indemnización exacta de Méndez, pero fuentes próximas a la entidad comentan que su indemnización es millonaria.

Méndez, que sigue como presidente de la Fundación Caixa Galicia, tiene además derecho a coche, chófer y seguridad privada que también paga la caja gallega. Dos de sus hijos, Yago y José Luis, estaban colocados en la caja como altos ejecutivos y también han abandonado la entidad.

Comisiones Obreras preguntó en el consejo de administración de la caja, celebrado el viernes pasado, por el coste de las indemnizaciones de los altos directivos. La respuesta fue que eran "cuestiones privadas" y no se facilitó la cantidad. UGT y CIG también han insistido en esta cuestión, sin obtener respuesta.

La nueva dirección, que no tiene blindajes en sus contratos, estudia jurídicamente si es posible retrotraer los contratos de estos ejecutivos. Ante el malestar generado, la dirección ratificó la validez de su estrategia, que cuenta con el apoyo del Banco de España. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), al igual que en la CAM, investigará los detalles jurídicos de los acuerdos firmados justo antes de la intervención.

No obstante, fuentes jurídicas consultadas creen muy difícil que devuelvan las cantidades percibidas ya que se ajustarán a contratos aprobados por la comisión de retribuciones y serán legales.