La Fiscalía Anticorrupción se opone a que la Audiencia Nacional investigue penalmente en España a las agencias de medición de riesgos, dado que no ve indicios de que hayan cometido delitos contra el mercado y los consumidores al rebajar en varias ocasiones desde 2009 la calificación de la deuda española.

En un informe remitido al Juzgado Central de Instrucción número 2, Anticorrupción rechaza que la decisión tomada inicialmente por Standard & Poor's y reproducida por Moody's y Fitch buscara causar un perjuicio alterando el mercado, ya que no se basó en "datos falsos" ni "tampoco parece absurda, infundada ni contradictoria con la opinión generalizada de las más reputadas organizaciones económicas mundiales".

El Ministerio Público se niega así a que el juez Ismael Moreno admita a trámite la querella que interpuso el pasado mes de febrero el Observatorio para el Cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a la que se han sumado Izquierda Unida y la asociación ATTAC.

La Fiscalía Anticorrupción reconoce que las rebajas de la calificación de la deuda española "perjudicaron económicamente a España" porque "hay un efecto directo entre las revisiones a la baja de la deuda española por parte de estas agencias de calificación y el encarecimiento de la financiación del Estado a través de la emisión de la deuda pública".

No obstante, insiste en que esas actuaciones no tienen carácter delictivo ni han sido denunciadas por el Ministerio Fiscal o "por el perjudicado" directo, que es el Estado español, y añade que el inicio de un procedimiento penal contra las agencias "supondría -a la luz de los datos de que se dispone- abrir una causa general para averiguar posibles delitos de los que en la actualidad no existe noticia".

Asimismo, critica que la querella contra las tres grandes agencias de calificación "nada aporta" sobre la actuación delictiva de las firmas estadounidenses y no describe supuesto alguno "de aprovechamiento de información privilegiada que haya permitido la obtención de un beneficio o haya ocasionado un perjuicio".

En este sentido, subraya que toda la querella "se basa en la criminaliación de la actividad propia de las agencias" bajo los supuestos de que no actúan con criterios de imparcialidad ni de rigor técnico a la hora de calificar, creando situaciones en el mercado que favorecen sus intereses o los de algunos de sus clientes.

La Fiscalía añade que los demandantes no aportan "ni el mínimo indicio que permita iniciar una investigación", al tiempo que parecen sugerir que "las agencias han de elaborar sus informes en una sola dirección y a espaldas de los mercados".

El informe insiste además en que el querellante se limita a criticar que estas agencias dieran calificaciones altas en los períodos de bonanza económica y bajas en momentos de crisis, "actitud a la que se puede reprochar la ineptitud para prever o anticipar la crisis o reconocer situaciones de insolvencia en algunas entidades o economías", pero nada más.

Asimismo, el Ministerio Fiscal lamenta un cierto "seguidismo o una tendencia pro cíclica de las agencias, por exacerbar los movimientos cíclicos, sobrealimentando el sentimiento positivo en la fase buena del ciclo y sobre reaccionando a la baja en la fase adversa del mismo".

Por ello, y a tenor de que los conflictos de interés son algo natural en el mercado financiero y ante una falta de inicios que aporten algo más que la "no inverosimilitud" de lo relatado en la querella, la Fiscalía ha rechazo que se inicie una investigación para analizar los informes negativos elaborados sobre España por estas agencias.