Las comunidades autónomas podrán pedir al Estado que les traspase la titularidad de unos 600 edificios de uso sanitario que aún permanecen en manos de la Seguridad Social. Una enmienda a la reforma de las pensiones permitirá esa operación, que convierte a las autonomías en propietarias de unos edificios cuya gestión ya realizan al prestar el servicio sanitario. Con la titularidad, las comunidades podrán decidir cómo aprovechan esos bienes (si los mantienen igual, les sacan más rendimiento o incluso los recalifican para otros usos) y, eventualmente, utilizarlos como aval para mejorar su capacidad de endeudamiento.

Pese a que la enmienda la ha promovido CiU, la comunidad más beneficiada por estos traspasos es, con mucha diferencia, Madrid. Los inmuebles de la Seguridad Social afincados en esa región tienen un valor inicial de 806 millones de euros, según datos proporcionados por la Secretaría de Estado de Seguridad Social. Les siguen a mucha distancia Castilla y León (332 millones), Castilla-La Mancha (281 millones) y Aragón (230). Los edificios situados en Cataluña suman casi 88 millones, que la Generalitat ha traducido en ocho hospitales a los que aspira. No obstante, estas valoraciones, que suman 3.215 millones en todo el país, están desfasadas; ahora ascenderían "al doble o al triple", según el secretario de Estado, Octavio Granado. Es decir, a unos 9.000 millones.

Lo primero que se propone la Seguridad Social es tasar los inmuebles para ver cuánto valen con los parámetros actuales. A partir de ahí, cederá los activos, pero no gratuitamente. Al traspasar los inmuebles al Estado (y este a su vez a las comunidades que lo soliciten), el organismo público confía en poder saldar el grueso de una deuda de 13.840 millones que arrastra con el Estado desde los años noventa. Entre 1994 y 1998 la Administración central realizó varios préstamos a la Seguridad Social para la cobertura del servicio sanitario, que entonces prestaba. Esas cantidades nunca se han devuelto y la Seguridad Social pretende saldar definitivamente el problema ofreciendo esos edificios pertenecientes a su patrimonio pero que no puede gestionar de ningún modo porque carece de competencias sanitarias.

Una vez en vigor la reforma de las pensiones -Granado confía en que esté en el Boletín Oficial del Estado a finales de julio aunque se aplicará en 2013-, la Seguridad Social entregará al Estado esos edificios y se calculará en qué medida saldan o no la deuda pendiente. A partir de ahí, las comunidades podrán pedir la titularidad y operar con esos activos a todos los efectos. Los traspasos no afectan al déficit público, pues la cantidad que el Estado supuestamente recupera con el traspaso de los activos proviene de un préstamo, con lo que en su momento no fue registrado como déficit público.