5.000 pasajeros contra los controladores de vuelo

Unos 5.000 pasajeros afectados por el cierre del espacio aéreo el pasado puente de la Constitución, el 3 y el 4 de diciembre, se han personado hoy (representados por sus abogados) en una causa penal común abierta contra los controladores por abandonar en esas fechas su puesto de trabajo.

Los controladores dejaron de trabajar durante 20 horas obligando a cancelar 4.510 vuelos. Protestaban de forma encubierta porque consideraban injustas sus condiciones laborales. Esa huelga salvaje provocó que el Gobierno activara el estado de alarma por primera vez en la democracia, además de unos 50 millones de euros de pérdidas para las compañías de transporte aéreo.

Los abogados de la Agrupación de Demandantes por el Cierre del Espacio Aeroportuario han acudido al Juzgado de Instrucción número tres de Madrid como acuesación particular, en un único proceso que agrupa a todas las querellas presentadas por particulares.

Uno de los letrados, Luis Vericat, ha explicado que se exige a los controladores una fianza de hasta 60 millones de euros para posibles compensaciones y, en caso de que no la depositen, se solicita el embargo de sus bienes.

Los afectados consideran que los controladores incurrieron en un presunto delito de abandono de funciones tipificado en el artículo 409 del Código Penal, que contempla penas de multa y de suspensión de empleo.

Solicitan que los demandados paguen con su propio patrimonio una indemnización de 10.000 euros para cada uno de los afectados por daño moral y la cantidad que cada uno pueda justificar como daño material. Los demandantes consideran que AENA es responsable civil subsidiaria de los perjuicios provocados por el cierre del espacio aéreo.

La presidenta de la agrupación de afectados, Elena Fuente, ha asegurado que después del laudo dictado por el mediador Manuel Pimentel entre los controladores y AENA, "ahora toca resolver el daño causado a miles de personas".