Selecciona Edición
Entra en EL PAÍS
Conéctate ¿No estás registrado? Crea tu cuenta Suscríbete
La reestructuración financiera

Los inspectores del Banco de España culparon a Caruana de los problemas de la banca con el 'ladrillo'

Su asociación acusó en 2006 al gobernador en una demoledora carta de "pasividad" y de falta de exigencia a bancos y cajas. -Los funcionarios alertaron de los riesgos del estallido de la burbuja inmobiliaria

"Hay motivos suficientes para la preocupación, especialmente si se tiene en cuenta el legado de los seis años de mandato del señor don Jaime Caruana". Una insólita carta enviada por la asociación de inspectores del Banco de España en mayo de 2006 al entonces vicepresidente económico, Pedro Solbes, cargaba así contra la gestión del gobernador del Banco de España en aquella etapa. En los aledaños de la mayor crisis económica en medio siglo, la preocupación de los inspectores del organismo supervisor resultó profética: "Evitar, en lo posible, que las consecuencias de los errores cometidos por las entidades al conceder sus operaciones [de crédito] acaben siendo transferidas, de una manera u otra, a la sociedad en su conjunto".

En su carta, revelada ahora por El Mundo, la asociación de inspectores del Banco de España no duda en señalar una de las "causas más evidentes" de los desequilibrios que ya arrastraba la economía española: "La pasiva actitud adoptada por los órganos rectores del Banco de España, con su gobernador a la cabeza, ante el insostenible crecimiento del crédito bancario en España durante los años de mandato del señor Caruana". Una burbuja de crédito que los inspectores relacionaban con otra burbuja, que ningún Gobierno quiso ver (ni del PP ni del PSOE) y con la propia falta de diligencia del organismo supervisor. Por si no quedaba claro: "Los inspectores del Banco de España no compartimos la complaciente actitud del gobernador del Banco de España ante la creciente acumulación de riesgos en el sistema bancario español derivados de la anómala evolución del mercado inmobiliario nacional durante sus seis años de mandato".

La asociación de inspectores optó por enviar la carta en los estertores del mandato de Caruana, que había sido nombrado por el Gobierno del PP en 2000. Entonces ya era conocido que el nuevo Ejecutivo socialista había elegido a Miguel Ángel Fernández Ordóñez, número dos de Solbes, para sustituirlo al frente del Banco de España. El relevo tuvo lugar en julio de 2006, apenas mes y medio después del contundente aviso de los inspectores. Desde el Banco de España, Caruana pasó al FMI durante la presidencia de Rodrigo Rato y, de ahí, fue nombrado director general del Banco de Pagos de Basilea (BIS, por sus siglas en inglés), cargo que pasó a ocupar en abril de 2009.

La misiva de los inspectores resulta ser una historia alternativa a la explicación oficial del Banco de España sobre la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera. Primero, considera al "desmedido crecimiento del crédito bancario" como "una de las causas principales de la extraordinaria subida del precio de los inmuebles" que había producido en España entre 2000 y 2006, subida que no cedió hasta dos años despúes. Y, luego, reprocha al propio gobernador "falta de determinación" para exigir "rigor" a las entidades financieras "en la asunción de riesgos".

Para la asociación de inspectores, la explosión del crédito en la década pasada tuvo una raíz eminentemente nacional: "El proceso de aceleración del crédito bancario, originalmente circunscrito a las entidades con menor cultura en el control de sus riesgos, se ha ido extendiendo a las demás entidades de crédito que operan en el sistema financiero español por efecto de la, por otro lado, saludable competencia". En la explicación de los inspectores, las entidades con menos control de riesgos (referencia implícita a algunas cajas de ahorros) tiraron la competencia a la baja y hubo una rebaja generalizada de las exigencias en la concesión de créditos para no perder cuota de mercado.

Esa carrera en la concesión de créditos tuvo además su correlato en las necesidades de financiación. El endeudamiento con entidades internacionales, talón de Aquiles de la economía española, se agudizó. "Los riesgos se han visto incrementados de forma muy acusada por la necesidad de entidades de crédito de acudir al ahorro exterior para conseguir los fondos necesarios para financiar el crecimiento de su inversión crediticia", añade la carta. Ante tal situación, los inspectores destacan que es "la única institución con autoridad normativa y capacidad técnica suficientes" para actuar era, y es, el Banco de España. Y concluyen, en mayo de 2006, que su actuación había sido insuficiente.

Los inspectores recuerdan que, ya en 2006, el Banco de España tenía a su disposición una "batería de sanciones, medidas de intervención y de sustitución de sus administraciones" para atar en corto a las entidades que asumían riesgos excesivos. Y que solo la "pasividad del Banco de España en los últimos seis años" explica que no se pusiera "freno a los crecimientos del crédito que considere inadecuados".

En la carta de 2006, los inspectores consideraban que "el número de familias que tendrá que afrontar serias dificultades para hacer frente a sus compromisos financieros crecerá de forma alarmante". Pero también que "la gran mayoría de las entidades de crédito españolas están bien capitalizadas y que, por ello, su solvencia no es previsible que se vea comprometida aún en los escenarios más desfavorables". Claro que la asociación de inspectores, como ocurrió con los Gobiernos, los organismos multilaterales y buena parte de los expertos, no fue capaz de predecir el descalabro financiero internacional que provocaría dos años después, la quiebra del banco estadounidense Lehman Brothers.

El aviso a navegantes de la inspección, que aseguraba en la carta haber informado puntualmente de los riesgos a los órganos de dirección del Banco de España entre 2000 y 2006, tuvo un eco limitado en las palabras y los hechos del nuevo gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. En su primer informe anual, en junio de 2007, advirtió de que la incipiente desaceleración del sector inmobiliario "podría hacer sufrir los márgenes de la cuenta de resultados" de las entidades financieras y cargó contra "la disminución de los estándares de calidad en la oferta de financiación". Pero también reseñó que no había "indicios de que vayan a trasladarse dificultades al sector, pese al mayor crecimiento de los activos dudosos". Unos meses antes, en su primera comparecencia en el Congreso como gobernador del Banco de España, consideraba que no habría un estallido de la burbuja inmobiliaria, sino "una previsible desaceleración gradual de los precios de la vivienda".

El mensaje, como las actuaciones, se endurecieron tras el terremoto financiero internacional y la Gran Recesión a principios de 2009. Las intervenciones que reclamaba la inspección llegaron solo entonces, en Caja Castilla La Mancha (marzo de 2009) y Cajasur (mayo de 2010). Y ahora es patente que la acumulación de riesgos mezclaba muy mal con una crisis financiera internacional, un escenario adverso que muy pocos anticiparon: el sector ya ha tenido que pedir prestado más de 11.000 millones en ayudas públicas, las entidades españolas hacen un drástico ejercicio de transparencia para evitar el castigo de los mercados y el Gobierno prepara una ronda de nacionalizaciones temporales para las cajas en apuros.