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Fitch rebaja la calidad crediticia de Cataluña y Andalucía por la caída de ingresos en 2009

La nueva calificación sigue considerando la deuda de las comunidades como "buena" pero no descarta nuevos recortes

La agencia de calificación de riesgos Fitch ha rebajado la nota crediticia a largo plazo de Andalucía y Cataluña y, además, las ha situado en perspectiva negativa, lo que equivale a que hay más probabilidades de que la próxima decisión sobre la calidad de su deuda sea más a la baja que positiva.

Según ha informado la agencia, una de las tres que dominan este segmento, ha bajado el rating de solvencia de Cataluña un peldaño de 'A+' a 'A', lo que sigue siendo una nota "buena", por el deterioro de su solvencia financiera. Con una deuda de 28.769 millones de euros pero que puede llegar a los 39.000 millones en 2012, Fitch añade que la rebaja también se sustenta en "un descenso muy pronunciado de la ejecución del presupuesto en 2009" y el temor a que el Gobierno autonómico sea incapaz de mantenerla en los niveles adecuados.

La agencia argumenta que aunque el Ejecutivo que preside José Montilla ha anunciada diversas medidas de consolidación fiscal, "será difícil que las implementen" por la situación política de la comunidad.

En cuanto a Andalucía, Fitch ha recortado su nota un escalón de 'AA' a 'AA-' también por el pronunciado deterioro de las cuentas públicas autonómicas en 2009, aunque en su caso añade el empeoramiento de un mercado de trabajo de por sí frágil. Por lo que respecta a la perspectiva negativa, explica que es consecuencia del plan económico-financiero que presentó el Gobierno autonómico al central a comienzos de año, que muestra una pequeña reducción del déficit, que situará la deuda financiera andaluza en 21.000 millones en 2012, desde los 9.500 de 2009.

La CNMV supervisará a las agencias de 'rating' a partir de 2011

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) supervisará las agencias de calificación crediticia a partir del ejercicio 2011, según ha confirmado la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado. La iniciativa parte de la UE tras el cuestionado papel desempeñado por las agencias de rating en la crisis financiera.

La normativa establece la obligación para las entidades de crédito y las empresas de servicios de inversión de utilizar las calificaciones emitidas por agencias registradas o certificadas en virtud del reglamento para el cálculo de sus recursos propios.

España traspone así el reglamento europeo 1060/2009, que determina las condiciones organizativas y operativas que deben cumplir las agencias, así como su régimen de registro y supervisión. La reforma incluye además el régimen sancionador y el régimen de colaboración entre supervisores. El reglamento europeo contempla la creación de la Autoridad Europea del Mercado de Valores (ESMA, por sus siglas en inglés) con competencias de supervisión sobre las agencias de calificación, aunque esta entidad delegará en los organismos supervisores nacionales algunas de sus funciones.

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