La Fiscalía de Barcelona está estudiando el informe remitido por los investigadores del Cuerpo Nacional de Policía que aprecia indicios de que al menos 16 exgestores de La Seda, encabezados por el expresidente Rafael Español, podrían haber incurrido en un presunto delito societario para descapitalizar el grupo, confirmaron a Europa Press fuentes judiciales. El informe ha sido trasladado al servicio de delitos societarios económicos de la Fiscalía de Barcelona, que es quien decidirá si presenta o no una querella, según ha avanzado este miércoles El Periódico, que explica que la policía ha tomado declaración como imputados a 16 personas, entre ellas Rafael Español, el exdirector financiero y el exdirector general corporativo de la química.

Según los investigadores, existen evidencias que estos tres ejecutivos orquestraron presuntamente una descapitalización de la empresa para que perdiera valor y fuera más fácilmente adquirida por otro grupo. No obstante, según las fuentes citadas por el rotativo, la policía no ha podido constatar enriquecimiento personal de ningún imputado. Hace meses que arrancó esta investigación desde que los minoritarios de La Seda de Barcelona, histórica química catalana, denunciaran ante fiscalía estas presuntas irregularidades.

Entre estas operaciones figura la autorización de un préstamo de 18 millones de euros a Jatroil y supuestas ventas de plástico no cobradas a Rusia y Tunez que, según los investigadores, podrían ser un artificio contable. Rafael Español abandonó la presencia de La Seda hará poco más de un año, al estallar una crisis interna en el consejo después de que algunos consejeros se negaran a firmar las cuentas del ejercicio de 2008. Finalmente, José Luis Morlanes tomó las riendas del consejo de administación y puso en marcha un plan de reestructuración para sanear las cuentas y asegurar la viabilidad de la compañía.

El pasado octubre, los actuales gestores presentaron una demanda de acción social de responsabilidad social contra el Rafael Español, después de comprometerse en la junta del verano a tomar medidas antes las presuntas irregularidades con la operación de Jatroil y por las operaciones con las empresas tunecinas y rusas.