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El desequilibrio de las cuentas públicas

El Gobierno quiere incrementar progresivamente hasta los 58 años la edad mínima para prejubilarse

EL PAÍS desvela el documento que propone retrasar la jubilación a los 67 años.- El Gobierno quiere reformar la pensiones de orfandad y viudedad y realizar el cálculo sobre los periodos de cotización real

El Gobierno ha ideado una reforma profunda del sistema de pensiones para garantizar su viabilidad futura. Además de plantear el aumento paulatino de 65 a 67 años en la edad legal de jubilación, el documento que ha estudiado el Consejo de Ministros destierra la cotización a la carta que reclaman los sindicatos, así como propone eliminar la pensión de viudedad vitalicia en algunos supuestos, por ejemplo, cuando "las convivencias familiares han sido breves y no existen descendientes". Además, el Ejecutivo pretende elevar progresivamente la edad de prejubilación hasta los 58 años desde los 52 actuales, según han informado a EL PAÍS fuentes gubernamentales.

El texto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, aboga por sustituir en esos casos la pensión vitalicia por "una indemnización en pago único, o una prestación temporal", una fórmula similar a la que existe en otros países europeos. El Ejecutivo admite que el concepto tradicional de "muerte del sostén de la familia" es "trasnochado" y, por tanto, requiere modificación. Esa reforma iría acompañada de cambios en la pensión de orfandad que otorgaran a todos los descendientes los mismos derechos, independientemente de la relación familiar entre los progenitores. El elemento más radical es la elevación paulatina de la edad de jubilación, en línea con lo aprobado por otros países europeos, a partir de 2013. El Ejecutivo aclara que existe "la posibilidad de los afiliados de mantener la edad de jubilación legal anterior o una intermedia siempre que los costes de esta decisión fueran asumidos por el beneficiario". Es decir, para algunos afiliados, previsiblemente los más próximos a la jubilación, se mantendría el derecho con una penalización en la cuantía de la pensión, como ocurre ahora a quienes se retiran antes de los 65.

Elegir los periodos más beneficiosos

La vicepresidenta económica, Elena Salgado, ha confirmado en conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros que el Gobierno pretende que el retraso de la edad de jubilación comience en 2013 y se establezca de forma gradual, a dos meses por año. El planteamiento, que no se explicita en el documento remitido a los agentes sociales, implicaría que la edad legal de jubilación llegaría a los 67 años en 2025. Salgado ha enfatizado que el retraso de la edad de jubilación y el ritmo al que se haría efectivo son "propuestas" y que la intención del Ejecutivo es alcanzar "un acuerdo cuanto antes" con los grupos parlamentarios y los agentes sociales. "No contemplo ese escenario", ha dicho cuando se le ha preguntado por una posible falta de consenso habida cuenta del rechazo ya expresado por sindicatos y partidos políticos.

Salgado ha sido contundente al asegurar que el retraso de la edad de jubilación es "una propuesta que sale del Ministerio de Trabajo, que el Gobierno comparte", pese a que Trabajo no había avalado esta idea de forma pública hasta ahora.Y ha precisado que el Gobierno también cree conveniente discutir sobre la ampliación del periodo de cómputo para determinar la cuantía de la pensión (ahora son los últimos 15 años de la vida laboral), aunque aquí no fijó ningún objetivo en concreto. Uno de los cambios más impactantes afecta a las prejubilaciones, que el Gobierno está dispuesto a atajar para evitar la fuga de recursos públicos. El documento plantea que la edad mínima legal, actualmente en 52 años, "debe incrementarse paulatinamente y universalizarse de inmediato". En realidad la figura del prejubilado no está regulada. La ley hasta ahora plantea que sólo pueden acceder a la jubilación anticipada quienes hayan cumplido los 52 años y el Gobierno pretende elevar esa edad progresivamente hasta los 58 y trasladará la propuesta a la Comisión del Pacto de Toledo.

El documento propone también limitar las reducciones de plantilla "en las empresas con beneficios" e imponer "la cofinanciación" de ese sobrecoste que supone para el sistema el abandono temprano del mercado laboral. Es decir, que las empresas se hagan cargo del pago. La reforma intenta desterrar también la pensión a la carta que realizan, por ejemplo, muchos autónomos. Consiste en que elevan la base de cotización en los 15 últimos años (los que se tienen en cuenta para calcular la prestación) para obtener así la mayor cuantía aunque en buena parte de la vida laboral hayan cotizado por un importe muy inferior. En este sentido, el texto subraya: "La capacidad de elección de base de cotización debe limitarse para evitar una planificación prestacional desvinculada del nivel de ingresos del cotizante". En esta misma línea, apuesta por crear una base reguladora (la que determina el importe de la pensión) "única para el cálculo de todas las prestaciones del sistema, que utilice mecanismos homogéneos para configurar la media de las bases de cotización que la conforman". En la actualidad existen bases distintas en función del régimen (asalariados, autónomos, empleados del hogar), algo que desaparecería si prosperara este cambio.

El Ejecutivo acaba, además, con una de las propuestas realizadas por los sindicatos y algunos expertos consistentes en que el trabajador pudiera elegir, con carácter general, los periodos de cotización más beneficiosos de su vida laboral en lugar de ceñirse a los últimos años. Esa idea es inviable porque, en ese caso "el sistema soportará los costes de la planificación sin ganar en equidad real". Uno de los incentivos para que el trabajador se mantenga en activo consiste en permitir que los planes de pensiones privados puedan percibirse antes de que el trabajador se jubile oficialmente, una posibilidad hasta ahora vedada. De esa forma, puede percibir al mismo tiempo el salario y la renta privada complementaria.

De forma más amplia -y sobre todo más ambigua- el texto constata que la pensión debe guardar relación con diferentes aspectos del sistema. Entre ellos, la evolución de los ingresos de la Seguridad Social, el PIB, el peso de los jubilados sobre la población activa o la esperanza de vida. Eso supone abrir la puerta a que la cuantía de las prestaciones pueda subir o bajar según esos indicadores sean favorables o desfavorables. Entre las fórmulas para adecuar la cuantía de la prestación a las situaciones reales, el documento cita la modificación de los 15 años que se tienen en cuenta para calcular el importe o el periodo mínimo de 15 años que hace falta para acceder al sistema, pero no ofrece detalles. Hasta ahora había circulado una propuesta de elevar esos 15 últimos años a 20, pero aún no se ha concretado.