El Ayuntamiento de Madrid ha presentado la aprobación del plan parcial de la llamada hasta ahora operación Chamartín. Tras 20 años de litigios, proyectos y demandas, el acuerdo llegó el pasado diciembre para desbloquear el embrollo. Ahora, el Ayuntamiento ha dado luz verde a lo que ha dado en llamar Prolongación de la Castellana. Una ciudad de negocios al norte de Madrid a imagen y semejanza de las que ya tienen Paris o Londres.

La city madrileña, que se extenderá a lo largo de 3.120.000 millones de metros cuadrados y estará terminada alrededor de 2023, pretende sacar las oficinas del centro de Madrid y absorberlas ahí. Para ello contará, entre otros edificios, con 20 iconos arquitectónicos en altura, de los cuales cuatro4 edificios serán de 60 plantas. Es decir, más altos que las cuatro torres de la antigua ciudad deportiva del Real Madrid.

La prolongación de la Castellana irá desde el Nudo Norte hasta la M-40, casi en el límite del término municipal de Madrid, a lo largo de un ámbito de 312 hectáreas. El proyecto se estructura en torno al gran eje vertebrador que es la nueva Castellana con una longitud de 2,6 kilómetros y una sección de 83 metros y dos bulevares arbolados de 13,5 metros de anchura.

La M-30 Norte

La prolongación de la Castellana y las actividades terciarias que se van a localizar en la zona se suman a proyectos ya en marcha en el entorno como las Cuatro Torres, el Centro Internacional de Convenciones, la futura sede del BBVA o el distrito C de Telefónica. Entre 20.000 y 25.000 puestos de trabajo anuales se generarán por la construcción desde 2011 y durante 12 años de la de la city madrileña, en la que trabajarán 88.000 personas y residirán otras 52.000. La inversión será de 11.100 millones de euros, de los que 4.300 corresponden a la urbanización e infraestructuras y 6.800 a la edificación.

El proyecto incluye la remodelación de la M-30 en el norte de la ciudad. La idea, que ya contemplaba el diseño original, es soterrar un by pass que vaya desde la avenida de la Ilustración hasta la avenida de Pío XII. Costaría unos 1.400 millones de euros y se pagaría con una caja común a la que tendrían que aportar dinero las constructoras y las diferentes administraciones involucradas en la operación.