La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que hace unos meses desató una fuerte polémica con su propuesta de un contrato único indefinido para reactivar el empleo, ha ofrecido hoy sus propias recetas para acabar con la crisis del sector inmobiliario. Y resultan igual de controvertidas: eliminar toda la vivienda de protección oficial y destinar los recursos públicos que se emplean en ella a favorecer el mercado libre del alquiler.

Bajo el título Por un mercado de la vivienda que funcione: Una propuesta de reforma estructural, los economistas agrupados en esta asociación sostienen que suprimir todos los tipos de VPO, ya estén destinadas a la compra o al alquiler, y destinar los fondos públicos que emplea a fomentar el alquiler en el mercado libre ayudaría a sacar las casas desocupadas y reducir el stock, que según sus cálculos alcanzará un total de 650.000 a finales de 2009.

Asimismo, sobre el régimen actual del alquiler, defienden una liberalización de los contratos, eliminando las cláusulas relativas al incremento de los precios en relación al IPC y a suprimir la vigencia de los mismos de cinco a un año.

Previo a este movimiento, los expertos reclaman la supresión con carácter inmediato de los incentivos fiscales a la compra, cuya eliminación el Gobierno ha retrasado hasta 2011, y que estos recursos se destinen también a financiar una desgravación para el alquiler. "No se plantea una disminución de la protección social en España, sino que se deje de subvencionar al ladrillo en favor de las personas", ha explicado el catedrático de la London School of Economics Luis Garicano durante la presentación del informe.