Los Albertos volverán al banquillo por falsificar una carta en el caso Urbanor
El magistrado considera que hay "indicios racionales" de un nuevo delito de estafa por parte de los empresarios, que ya han sido absueltos por el Constitucional en el proceso por la venta del solar de las torres KIO
El titular de Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid, Juan Javier Pérez Pérez, ha dictado auto de apertura de juicio oral contra Alberto Cortina y Alberto Alcocer y sus abogados, Ramón Hermosilla e Ignacio Peláez, por el caso de la presunta carta falsa utilizada por Los Albertos para incriminar a sus socios en el caso Urbanor, según han confirmado fuentes jurídicas.
En un auto fechado el 16 de mayo, el juez Juan Javier Pérez Pérez considera que hay "indicios racionales" de que los Albertos, los abogados Ramón Hermosilla e Ignacio Peláez, los hermanos José María y Francisco Javier Arnáiz y la periodista Gloria Alvarez cometieron presuntamente unos delitos de falsedad en documento privado, denuncia falsa y estafa procesal en grado de tentativa.
El juez ha decidido trasladar la documentación del caso a la Audiencia Provincial de Madrid, que se encargará de juzgar a los procesados por la carta que presentaron como prueba ante el Tribunal Supremo para asegurar que los socios minoritarios de Urbanor Pedro Sentieri y Julio San Martín habían cometido un supuesto delito de falso testimonio contra Cortina y Alcocer.
Sentieri y San Martín piden 7 años y 11 meses de prisión para cada uno de los dos financieros, que han sido citados junto al resto de los ahora procesados el próximo 30 de mayo para comunicarles el auto de apertura de juicio oral. La fiscalía solicita cuatro años.
La decisión del juzgado se produce después de que en febrero, la Audiencia Provincial confirmara el procesamiento de los dos financieros y los otros cinco imputados.
En marzo, el Tribunal Constitucional denegó el recurso de amparo presentado por Alberto Alcocer en el caso de la presunta carta falsa aunque un mes antes había anulado la condena de tres años y cuatro meses de prisión que el Supremo impuso a los empresarios por estafa y falsedad en documento mercantil en la venta de los terrenos donde se construyeron las Torres KIO, en Madrid, de los que era propietaria Urbanor.
La misiva que dio origen a esta causa apareció después de que el Tribunal Supremo condenase a los financieros, en marzo de 2003, al considerar probado que engañaron a los socios minoritarios de Urbanor -entre ellos el arquitecto Pedro Sentieri y el constructor Julio San Martín- al negociar la venta de la sociedad, ya que consiguieron por su participación un precio que duplicaba el que recibieron los pequeños accionistas.
Archivo precedente
Tras investigar la carta presuntamente enviada por Sentieri a San Martin, a finales de 2004, y que apareció en el buzón de Gloria Alvarez, el Juzgado de Instrucción número 11 acordó archivar las actuaciones contra los constructores, al considerar que esta carta, que les incriminaba en un supuesto delito de falso testimonio contra Cortina y Alcocer, no era concluyente y plantea múltiples dudas.
Esta decisión motivó que el mismo juzgado de instrucción abriese diligencias por denuncia falsa y falsedad en documento público contra Alvarez y los financieros Cortina y Alcocer.
Posteriormente, el magistrado imputó a José María Arnáiz y Francisco Javier Arnáiz, quienes reconocieron ante el juez que firmaron un contrato para buscar de forma legal pruebas que exculpasen a los "Albertos" y que, posteriormente, pidieron el "arbitraje" del presidente de ACS, Florentino Pérez, para liquidar este acuerdo.
