Debido a esa limitación, Porsche, con una participación del 31% en Volkswagen, sólo podía ejercer su derecho a voto por el 20% de sus acciones, un porcentaje idéntico al que ejerce el Estado de Baja Sajonia, segundo accionista del fabricante con un 20,7% de los títulos. El portavoz del Ministerio alemán de Justicia, Ulrich Staudigl, se ha comprometido hoy en Berlín a acatar el mandato judicial y garantizar que las disposiciones de esa ley no se aplicarán más.

Es el final de la conocida como "ley Volkswagen". El Tribunal de la UE ha estimado en un comunicado que "Alemania ha incumplido sus obligaciones al mantener en vigor las disposiciones de la norma relativas al límite del derecho de voto al 20% (del capital social) y a la fijación de una minoría de bloqueo en el 20%, así como al reconocer el derecho del estado federal y del estado de Baja-Sajonia de designar dos representantes cada uno al Consejo de Vigilancia".

La noticia ha sido bien recibida en Porsche, fabricante alemán de vehículos deportivos. El presidente de la firma, Wendelin Wiedeking, ha indicado en el comunicado que en su compañía "tienen gran interés en ejercer sus derechos de voto completamente", dado que su participación en Volkswagen supera el 30%.

Protección frente a una OPA hostil

La preocupación del gobierno alemán radicaba en proteger al fabricante frente a una posible OPA hostil. Sin embargo, la decisión del Tribunal de Justicia europeo no ha afectado a ese aspecto. El Estado Federado de Baja Sajonia (norte de Alemania) ha manifestado hoy que el consorcio automovilístico Volkswagen está protegido frente a OPA's hostiles, pese a la prohibición de la norma.

El primer ministro de Baja Sajonia, Christian Wulff, ha explicado que la participación de Porsche (31%) y la del estado federado (20,7%) protegen al grupo de la entrada de inversores financieros, ya que "contra propietarios con más de un 50% no se puede especular".

Los empleados no han compartido la frialdad del gobierno a la hora de encajar la noticia. El comité de empresa de Volkswagen siempre pidió que se mantuviera la ley y consideró que el proceso abierto por el Tribunal Europeo contra esta norma es "un ataque contra los empleados".