Con ese llamamiento, Ban ha inaugurado la cumbre del Global Compact -también llamado Pacto Mundial-, en el que participan más de 800 empresarios y directivos de algunas de las compañías más poderosas del mundo, quienes debatirán hasta mañana la mejor manera de incorporar a sus negocios los principios de respeto a los derechos humanos y a las normas laborales y la protección del medio ambiente.

"El poder implica responsabilidad y para que las empresas puedan conocer un crecimiento sostenible, deben suscitar más confianza y legitimidad", ha subrayado el responsable de la ONU, quien ha recordado que, en ocasiones, "la innovación y el espíritu empresarial chocan con la explotación, la corrupción y la desigualdad de ingresos".

4.000 empresas asociadas

La iniciativa Global Compact nació en 2000 con la participación de 47 empresas y ahora cuenta con 4.000 firmas asociadas en 116 países, que se han comprometido de manera voluntaria a aplicar la ética social y ecológica en sus actividades, lo que se conoce como "responsabilidad social corporativa". En la inauguración de la cumbre, la intervención de Ban ha precedido a las de representantes emblemáticos del sector privado, la sociedad civil y las organizaciones sindicales: el presidente de Coca Cola, Neville Isdell; la secretaria general de la ONG Amnistía Internacional, Irene Khan, y su homólogo de la Confederación Internacional de Sindicatos, Guy Ryder.

Isdell ha reconocido que la escasez de agua es uno de los desafíos más urgentes que deben enfrentarse y ha destacado las medidas que su multinacional ha adoptado para contrarrestar ese problema a través de acciones de protección del medio ambiente y de apoyo a las comunidades afectadas. En representación del sector crítico al Global Compact, la responsable de Amnistía Internacional ha lamentado que después de siete años de existencia el pacto siga siendo una plataforma basada en el voluntarismo de sus miembros y que carezca de un mecanismo para controlar el cumplimiento de sus compromisos.

Por su parte, el sindicalista Ryder ha dicho que la realidad es "incómoda" para muchas empresas que impiden que sus empleados ejerzan sus derechos, en tanto que denunció que hay "industrias que gastan millones en evitar que los sindicatos representen a los trabajadores". El ministro francés de Asuntos Exteriores, Bernard Kouchner, ha reconocido los "límites de los compromisos voluntarios" y planteó "repensar el funcionamiento y las modalidades del Global Compact".