La nueva norma sustituirá la Ley del Régimen del Suelo de 1998, que liberalizó el suelo con el objetivo de abaratar el precio de la vivienda y mejorar la competitividad de las empresas.

Sin embargo, para el actual Gobierno socialista, la anterior ley lo único que logró fue consagrar la máxima del "todo urbanizable", que propició un boom inmobiliario que casi ha triplicado el precio de la vivienda en la última década, un periodo en el que el metro cuadrado ha pasado de costar 702,8 euros de media en 1997, a 2.024,2 euros, en el primer trimestre de 2007.

El elevado precio de la vivienda y la corrupción urbanística marcaron el trámite parlamentario de la ley, que finalmente contó con el apoyo de todos los grupos, salvo el Partido Popular. Los objetivos fundamentales de la norma son garantizar suelo para hacer vivienda protegida, hacer más sostenible el desarrollo territorial y urbano, fomentar la eficiencia de los mercados de suelo, y combatir la especulación.

No obstante, el 80 por ciento de los profesionales inmobiliarios cree que la ley no propiciará una bajada del precio del suelo ni de la vivienda, según una encuesta del Instituto de Práctica Empresarial (IPE).

Más transparencia

Entre las medidas más destacables para frenar la especulación y aumentar la transparencia, la nueva ley incluye la obligación de publicar el nombre de todos los propietarios que hayan tenido una finca durante los cinco años anteriores a su recalificación, o la exigencia de que los concejales y directivos municipales declaren públicamente sus bienes.

Asimismo, la ley establece la figura del agente urbanizador, que actuará como intermediario entre la Administración y los propietarios a la hora de tramitar la urbanización de un terreno. Esta es la única medida que, a juicio del PP, servirá para luchar contra la corrupción urbanística, si bien considera que no se trata de una propuesta original, porque ya existe en el 80% de las legislaciones autonómicas.

Para desincentivar la especulación, la ley establece un nuevo régimen de valoración del suelo, por el que el precio de un terreno se ajustará a su situación real y no a lo que pueda llegar a ser, una medida que para los populares sólo persigue el objetivo de abaratar las expropiaciones. Según el sondeo del IPE, el 67 % de los profesionales del sector está en contra del nuevo régimen de valoración, ya que eso permitirá a las administraciones públicas expropiar terrenos a un precio inferior al de mercado, que seguirá guiándose por la expectativa.